Tiene al menos 300 metros cuadrados y se promociona como un exclusivo condominio ubicado en Chicureo, comuna de Colina. Son casas de estilo mediterráneo diseñadas por el reconocido arquitecto Matías Klotz. Los precios parten desde las 12.000 UF y, precisamente, en este condominio —llamado Singular— la casa número 14 fue parte de uno de los remates por decomisos y procesos judiciales realizados por la Dirección de Crédito Prendario (Dicrep).
La tradicional casa de empeños conocida como la Tía Rica también cumple un rol poco visible en la lucha contra el crimen organizado: es la entidad encargada de liquidar bienes y especies asociados a la Ley 20.000.
Este trabajo inquieta a las policías, ya que muchas veces los investigadores se frustran por el limitado alcance que tienen en las operaciones el rastreo, decomiso y remate de bienes incautados en procedimientos vinculados a drogas u otros delitos de alta connotación social.
De acuerdo con datos entregados por la Dicrep a EL DÍNAMO, en lo que va de 2025 se han realizado 27 remates en distintas regiones del país, correspondientes exclusivamente a bienes provenientes de procesos judiciales y decomisos. El detalle es el siguiente:
- Ley 20.000 (Ley de Drogas): 66 vehículos y 105 especies varias.
- Artículo 40 bis (enajenación temprana): 6 vehículos y 8 especies varias.
- Artículos 469 y 470 del Código Procesal Penal: 70 vehículos y 183 especies varias.
En total, durante este período se subastaron 142 vehículos y 296 especies varias, alcanzando montos adjudicados por $488.186.131 en vehículos y $89.820.900 en especies.
En 2024, en tanto, se contabilizaron 301 remates, con un monto total adjudicado de $4.302 millones. La ley dispone que los recursos obtenidos por la enajenación de bienes subastados por la Dicrep se destinen a un fondo especial del SENDA (Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol), con el fin de financiar programas de prevención, tratamiento y rehabilitación relacionados con el consumo de drogas.
Remates del crimen organizado
El abogado Mauricio Fernández, fundador de la unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado del Ministerio Público —y actualmente integrante del estudio Ciro Colombara— señala a EL DÍNAMO que el nivel de sofisticación del crimen organizado requiere un organismo especializado que se haga cargo exclusivamente de estos procesos.
“Es de suma urgencia impulsar una nueva institucionalidad para la administración y liquidación efectiva y oportuna de los activos ilícitos. La Dicrep no está a la altura: su rol original es otro, y es una institución con muy poca modernidad y eficiencia”, afirma.
Fernández agrega que la actual estructura se convierte en “un cuello de botella para cualquier estrategia contra el crimen organizado que apunte a golpear sus activos como factor clave para una desarticulación más profunda y consistente”.
La visión de la Dicrep
Desde la institución explican a EL DÍNAMO que, si bien se ha observado un aumento en fenómenos vinculados al crimen organizado, esto no se ha traducido directamente en un incremento significativo en el número de remates de bienes decomisados. Aseguran que ello obedece a factores estructurales y operativos del proceso judicial y administrativo que antecede a la subasta.
Remarcan que solo rematan bienes que han sido formalmente puestos a su disposición por las instituciones enajenantes, lo cual requiere cumplir varias etapas legales y documentales —como incautación, custodia, autorización judicial, tasación y resolución de entrega— que pueden dilatar el procedimiento.
Además, muchos bienes decomisados permanecen retenidos durante los procesos judiciales o no son aptos para remate debido a su estado, escaso valor económico o falta de autorización para su enajenación.
“La Dicrep asegura la difusión adecuada y oportuna de cada remate mediante los canales institucionales establecidos, con el objetivo de atraer la mayor cantidad de oferentes y asegurar el éxito del proceso. Sin embargo, el volumen final de bienes subastados depende directamente del flujo y tipo de especies remitidas por las entidades facultadas, más que de la magnitud del fenómeno delictual en sí mismo”, detallaron.
