El fenómeno de los llamados influencers económicos crece con fuerza en Chile. Uno de los casos más mediáticos es el del abogado Iván González, quien acumula cerca de 850 mil seguidores en Instagram y 644 mil en TikTok. Desde sus plataformas, comparte consejos legales y financieros en un tono directo y coloquial, e incluso lanzó un taller pagado para emprendedores, contadores y abogados bajo la promesa de explicar “todo lo que sé sobre tesorería, deudas y embargos”.
Pero González también ha generado polémica. Una de sus frases más comentadas es que “a veces lo mejor es no pagar”, declaración que despertó cuestionamientos de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) y del retail financiero, preocupados por los efectos de este tipo de mensajes en la estabilidad del sistema y en las Pymes.
Para Javier Aeloiza, coordinador académico del Instituto UNAB de Políticas Públicas, el debate no se reduce a la anécdota: “Cada vez que un influencer entrega una opinión, la persona que está al otro lado de la pantalla tiene que entender que es solo eso, una opinión. Aplicarlo a su caso particular, sin más antecedentes, puede ser bastante perjudicial”.
Según el académico, parte del problema radica en la falta de educación financiera estructural en Chile. La popularidad de estos contenidos revela una brecha que las instituciones no han logrado cubrir.
“La consecuencia de tomar al pie de la letra una recomendación de este tipo es que el día de mañana la entidad financiera, como la ley lo permite, puede evaluar tu riesgo y negarse a contratar contigo. No se trata solo de dormir tranquilo porque no pagaste, sino de asumir que después podrías quedar fuera del sistema”, explica.
Otro punto crítico es el límite ético de las recomendaciones cuando se transmiten de forma masiva. En plataformas como TikTok o Instagram, donde prima la inmediatez y la búsqueda de likes, la tentación de simplificar mensajes es grande. “Más que el límite ético del abogado, creo que la responsabilidad recae en quien escucha. Son las personas quienes deben comprender que no toda opinión en redes es aplicable a su realidad”, afirma Aeloiza.
La delgada línea entre educar y desinformar
Aun así, el especialista reconoce que estos influencers logran traducir un lenguaje legal y financiero complejo en consejos fáciles de digerir. Lo preocupante, dice, es cuando la búsqueda de alcance transforma esa traducción en simplificaciones que confunden en vez de orientar.
En ese contexto, el académico de la Universidad Andrés Bello (UNAB) enfatiza que existen canales institucionales a los que las personas pueden recurrir antes de tomar decisiones que afecten su vida económica: clínicas jurídicas de universidades, la Defensoría del Contribuyente, la Superintendencia de Insolvencia y la Ley de Reemprendimiento. “Lo que falta es visibilizar estas alternativas. Porque si la gente no sabe que existen, termina dependiendo de la opinión que más circula en redes”, sostiene.
Finalmente, el académico entrega un consejo a quienes consumen este tipo de contenidos: “Las redes sociales pueden servir como una primera alerta, pero no deben ser la única guía. Antes de decidir sobre un crédito, una deuda o un embargo, busquen información en canales oficiales y consulten con especialistas”.
