El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella contra 47 personas naturales y jurídicas por delitos tributarios cometidos entre 2020 y 2022, tras comprobar que utilizaron dispositivos de pagos electrónicos para vender bienes y servicios sin declarar los ingresos ni pagar los impuestos correspondientes. La acción penal también se dirige contra quienes resulten responsables de estas conductas.
Durante los años 2023 y 2024, el SII ingresó tres denuncias al Ministerio Público, que validó las irregularidades detectadas. Esto permitió formalizar a los 47 involucrados el pasado 15 de septiembre.
Según explicó la directora subrogante del SII, Carolina Saravia, “los imputados, aprovechando que en el periodo analizado no existía la obligación expresa para los proveedores de medios de pago de exigir la acreditación del inicio de actividades ante el Servicio, operaban sin declarar sus ingresos, evadiendo los impuestos correspondientes”.
La querella detalla tres tipos de delitos tributarios: declaraciones mensuales de impuestos maliciosamente falsas, declaraciones anuales de Renta con ingresos subdeclarados, y la omisión total de declaraciones obligatorias. Estos hechos, señala el SII, generaron un perjuicio fiscal de $4.934.937.218, calculado a septiembre de 2025.
La investigación se basó en el cruce de datos de los proveedores de medios de pago y otras fuentes, permitiendo identificar a los contribuyentes que operaban comercialmente a través de tarjetas de débito o crédito, pero sin cumplir con sus obligaciones tributarias.
“Estamos incentivando la formalización de actividades y el cumplimiento de las obligaciones tributarias de manera justa y equitativa, entre todos los contribuyentes de nuestro país”, señaló Saravia. Además, destacó que el trabajo del SII ha contribuido a reformas legales que exigirán, desde el 1 de octubre, el inicio de actividades para operar con medios de pago electrónicos, vender por marketplaces o prestar servicios al Estado.
Finalmente, el SII confirmó que los querellados actuaron con dolo, basándose en la reiteración de conductas en el año 2020, 2021 y 2022, por la magnitud del perjuicio fiscal y por la experiencia de los contribuyentes, quienes conocían sus obligaciones.
