Mauricio Fernández, quien lideró durante 23 años la unidad especializada en lavado de dinero y crimen organizado del Ministerio Público, dejó su cargo en la Fiscalía Nacional para incorporarse al estudio del penalista Ciro Colombara.
Desde el sector privado trabaja con el conocido jurista como asesor en materia penal, procesal penal internacional, recuperación de activos y compliance, entre otras.
Fernández -quien conversó con EL DÍNAMO– lideró la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDDECO) y conoce de cerca la relevancia de perseguir la ruta de las ganancias del crimen organizado.
– Los informes del Ministerio Público muestran claridad sobre la ruta del crimen organizado. ¿Qué herramientas efectivas permiten combatirlo?
– Lo primero es contar con equipos fiscales y policiales altamente especializados y con dedicación exclusiva a la investigación; con uso intensivo de técnicas especiales y tecnologías avanzadas. A esto debe sumarse el apoyo permanente de analistas criminales y patrimoniales, además de la colaboración activa de organismos públicos como el SII, Aduanas, la UAF y otros actores clave del mundo privado.
– Las críticas apuntan a la poca trazabilidad del dinero del crimen organizado. ¿Cree que deben existir medidas más intrusivas?
– Es fundamental que el Ejecutivo dicte de una vez el reglamento sobre agentes encubiertos, que entre otras cosas operacionaliza el mandato legal de otorgar cobertura bancaria y patrimonial a las historias ficticias de estos agentes. También es necesario impulsar una reforma legal que cree una institucionalidad pública moderna y ágil para la administración y liquidación eficiente de activos ilícitos.
– ¿Está de acuerdo con ampliar la apertura del secreto bancario?
– Las reformas legales e institucionales más urgentes e impactantes contra el crimen organizado no pasan por el secreto bancario, que en general puede levantarse sin mayores problemas por los fiscales, previa autorización judicial.
– Los bienes del crimen organizado son custodiados por la Dicrep, la “Tía Rica”, pero pese al aumento de delitos se observan bajos niveles de remates. ¿Es efectiva su labor?
– La Dicrep no está diseñada para ejecutar de manera eficiente las múltiples tareas que exige la gestión de patrimonios ilícitos en un combate ágil y profundo contra el crimen organizado.
– También hay debate sobre el uso de efectivo y su fiscalización. ¿Debe regularse esta materia?
– Es muy importante avanzar legal y normativamente hacia mayores registros y limitaciones en el uso de efectivo, considerando los aprovechamientos que de él hace el crimen organizado y la corrupción
–¿Qué recomendaciones internacionales podría adoptar Chile en materia de crimen organizado?
– Se debe apuntar a una mayor investigación patrimonial oportuna y la creación de una institucionalidad robusta para el rastreo de activos, tanto a nivel nacional como internacional.
