Con 96 votos a favor, 12 en contra y 17 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe de la Comisión Investigadora sobre el acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación del litio. El documento propone dejar sin efecto la asociación firmada por ambas compañías.
El informe sostiene que el pacto representa un grave perjuicio para el erario nacional, debido a que el Gobierno optó por un trato directo con SQM, desechando la posibilidad de realizar una licitación pública, abierta y competitiva a nivel internacional.
Según los cálculos presentados, el Estado podría haber recibido de forma inmediata cerca de US$6.700 millones, cifra que no se garantiza bajo el modelo de utilidades sujetas a precios y ventas acordado en el convenio actual.
Además, plantea dudas fundadas sobre la legalidad y conveniencia del proceso seguido, apuntando a la ausencia de criterios técnicos, económicos y de transparencia que justifiquen el acuerdo directo. Uno de los principales argumentos utilizados para respaldar esta vía —el riesgo de un “valle productivo”, es decir, un período sin producción entre el término del contrato con SQM y la llegada de un nuevo operador— fue calificado por la comisión como “una mentira” y como una muestra de “mala fe pública” por parte de Corfo, SQM y Codelco.
Según Codelco, si el modelo hubiese sido la licitación, habría retrasado en al menos cinco años la producción de litio en el salar de Atacama.
Recomendaciones del informe
Entre las propuestas incluidas en el documento se encuentra la anulación del acuerdo para explotar el litio en el Salar de Atacama, así como la compra de la mina Salar Blanco en Maricunga. También se cuestiona la falta de información entregada al Congreso y a la ciudadanía durante el proceso, y se denuncia la omisión de auditorías técnicas y financieras independientes.
El informe sugiere mejorar el proceso de consulta indígena, al que califica como parcial y meramente formal, y garantizar una participación real de las comunidades involucradas. Además, se plantea realizar una licitación internacional transparente, que adjudique la explotación del litio a la propuesta que ofrezca el mayor beneficio social, ambiental y económico para el país.
La comisión recuerda que el acuerdo aún no ha sido completamente cerrado, por lo que existe margen para modificarlo y establecer un nuevo modelo de explotación de los recursos fiscales del Salar de Atacama que responda al interés público.
También se recomienda crear un sistema de sanciones claras para los funcionarios y directivos que incurran en prácticas poco transparentes, oculten información o vulneren los principios de probidad. La falta de consecuencias, advierte el informe, ha facilitado la repetición de errores en la gestión de recursos estratégicos.
En todo caso, el documento no es vinculante con la operación, que por el momento sigue su rumbo.
Contexto de la licitación
La discusión se enmarca en la implementación de la Política Nacional del Litio, anunciada por el presidente Gabriel Boric en 2023. Esta estrategia fue bien recibida por la ciudadanía y busca impulsar la capacitación de trabajadores, incorporar nuevas tecnologías y agregar valor a la producción nacional.
Sin embargo, el anuncio a fines de ese año del memorándum de entendimiento entre Codelco y SQM generó sorpresa. Corfo había autorizado a Codelco a negociar directamente con la empresa privada sin notificar previamente a las comisiones de Minería y Energía del Congreso, órganos encargados de fiscalizar al Ejecutivo y velar por el cumplimiento de la ley y la protección del interés nacional.
