La Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a siete empresas que procesan centolla en la Región de Magallanes y a ocho de sus ejecutivos por eventual colusión por casi una década, para fijar los precios al que compran este recurso a pescadores artesanales.
La FNE solicitó al TDLC aplicar multas por un total de 62.406 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a cerca de US$ 54 millones ($ 51.870 millones) a las empresas involucradas, y de 511 UTA, casi US$ 445 mil ($ 424 millones) a los ejecutivos responsables.
La FNE acusa que, para lograr su objetivo, los ejecutivos “se reunían presencialmente en muelles de desembarque, ferias internacionales o reuniones locales) o se contactaban a través de llamados, correos electrónicos y WhatsApp para intercambiar información estratégica sobre los precios que pagaban o pagarían por la compra de la centolla”.
El organismo apuntó que las empresas Elaboradora de Alimentos Porvenir, International Seafood, Pesquera Cabo Froward, Productos Marinos Puerto Williams, Proyecta Corp, Sociedad Pesquera Bahía Chilota y Bakkavör coordinaban sus precios de compra de centolla al comienzo de la temporada, y retrasaban o contenían las alzas de precios que ocurrían durante todo el periodo extractivo del recurso que va desde julio a noviembre de cada año.
Estas empresas, entre 2017 y 2021, adquirieron entre el 81% y el 88% de la centolla viva capturada por los pescadores artesanales de la zona en el período de extracción, para luego procesarla y exportarla casi en su totalidad, siendo China, Estados Unidos y México sus principales destinos.
En su investigación, la FNE constató que, “como el precio de compra de la centolla va aumentando durante la temporada de extracción, las empresas a través de esta colusión buscaban obtener un precio de inicio de temporada más bajo que el que se habría dado en un escenario competitivo y luego retrasar o contener las alzas, trasmitiéndose entre ellas una preocupación por la evolución de los precios y actuando de manera coordinada frente a los pescadores”.
La investigación da cuenta de que esta práctica generó un perjuicio a los pescadores artesanales de la Región de Magallanes que extraen este recurso, quienes recibieron menores pagos en comparación a aquellos que hubiesen percibido en un mercado competitivo sin los permanentes contactos que mantenían las empresas y personas acusadas.
FNE aplica beneficio de delación compensada a involucrados por colusión
La investigación de la FNE se inició en julio de 2020 y en febrero del año siguiente otorgó el beneficio de la delación compensada a la empresa Bakkavör y a tres de sus ejecutivos, quienes confesaron su participación y la de las otras compañías en este cartel y aportaron información útil para acreditarlo, como contactos y conversaciones para manejar el precio de la centolla.
También se contemplaron interceptaciones telefónicas a ejecutivos y allanamientos e incautaciones en dependencias de las empresas ubicadas en Porvenir, Región de Magallanes.
El Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, manifestó que “aunque hoy se exporta casi la totalidad de la centolla extraída, resulta indiscutible el daño que este comportamiento ha provocado en el mercado chileno, particularmente a los pescadores artesanales que viven de la extracción de este recurso”.
