El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) reiteró ante la Comisión de Educación del Senado sus aprehensiones al proyecto de ley que crea un nuevo instrumento de Financiamiento Público para Estudios de Nivel Superior (FES), centrado principalmente en los riesgos fiscales y en el registro contable y estadístico que implicaría su puesta en marcha.
Paula Benavides, presidenta del CFA, recordó en su presentación el informe sobre el impacto del Crédito con Aval del Estado (CAE) de 2024, el cual “advierte que la situación financiera del CAE refleja un desequilibrio estructural significativo, con una tasa de morosidad que alcanzó un máximo histórico de 64,4% en 2024, por lo que valora la oportunidad de discutir alternativas para subsanar esta situación fiscal”.
Respecto al FES, Benavides reiteró su llamado a La Moneda para entregar mayores detalles sobre las proyecciones fiscales de la iniciativa, reconociendo la incertidumbre respecto a calificar al FES como “activo financiero”, de corregir varios aspectos contables y simular escenarios alternativos para analizar sus riesgos financieros.
En su presentación, la representante del CFA precisó que el ahorro fiscal neto respecto de la situación actual que estima la Dirección de Presupuestos (Dipres) en sus informes financieros, de $579.170 millones de pesos de 2025, “se sustenta en medidas distintas al mecanismo del propio FES”.
En esta línea, precisó que la mejora fiscal del FES respecto al CAE se sustenta con la eliminación de las becas de arancel, la postergación de la extensión de la gratuidad y el plan de condonación y reorganización de deudas educativas.
Es por esto que Paula Benavides aseveró que, de manera individual, el FES genera un déficit fiscal de $358.500 millones en 2025, pero “en un horizonte de proyección más largo, de 74 años, el ahorro neto promedio anual del mecanismo propio del FES sería negativo en $118.391 millones de pesos de 2025 (0,03% del PIB)”.
De esta manera, el CFA reiteró su postura que el Financiamiento Público para Estudios de Nivel Superior no cumple con las condiciones para ser considerado un activo financiero.
Esto, ya que “los desembolsos de este debiesen ser contabilizados como un gasto y sus contribuciones como un ingreso, ambos sobre la línea, es decir, con efecto patrimonial”, añadiendo que “el FES no permite asignar un valor cierto a la obligación que tienen los usuarios de contribuir, lo que implica que dicha obligación no puede ser reconocida como un derecho financiero cierto y, consecuentemente, como un activo financiero del fisco, o un pasivo financiero de los usuarios”.
