Productos para el hogar, cuidado personal, artículos para la casa y regalos formaban parte de la propuesta comercial de Brando, la cadena chilena de retail que llegó a operar 26 tiendas en importantes centros comerciales capitalinos a lo largo del país. Con una apuesta por el diseño simple y funcional, la compañía buscaba -según su propia definición- “diseñar y comercializar productos útiles, simples y de buen diseño, que complementan las actividades diarias de las personas”.
Sin embargo, hace algunos meses varios de sus locales, incluidos puntos ubicados en conocidos malls de Santiago, comenzaron procesos de liquidación. A ello le siguió el cierre de sucursales y, posteriormente, la solicitud de reorganización judicial ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) y tribunales civiles.
En la presentación ante la autoridad, la empresa detalló que mantiene presencia en el comercio nacional desde hace ocho años y que cuenta con un portafolio de cerca de 3.000 SKU distribuidos en categorías como hogar, día a día, infantil, deporte, bienestar, tiempo libre y estudio.
Las razones de la crisis
Brando explicó que su situación financiera se vio afectada por “diversos factores externos y variables”, entre ellos la transformación de la industria, marcada por una creciente competencia en precios, y un escenario económico adverso que impactó la demanda.
“La sociedad ha realizado diversas gestiones tendientes a evaluar alternativas, incluyendo opciones de financiamiento y la búsqueda de nuevos inversionistas; sin embargo, dichas gestiones no han resultado suficientes para alcanzar un acuerdo integral que permita la reestructuración de sus obligaciones, lo que hace necesario que recurra a la reorganización con el objeto de mantener la continuidad normal de sus operaciones”, detallaron.
Si bien durante los últimos años los ingresos se mantuvieron relativamente constantes, la compañía afirmó que el aumento generalizado de costos -incluyendo el alza en el valor de las mercaderías, las variaciones del tipo de cambio y mayores gastos operacionales– impidió revertir oportunamente el deterioro financiero.
“Motivo por el cual la Sociedad ha decidido solicitar un procedimiento de reorganización judicial de sus activos y pasivos, con el objeto de resguardar la continuidad y el adecuado desarrollo de sus operaciones”, señaló en su presentación.
El pasivo total asciende a aproximadamente $3.200 millones. Entre los principales acreedores figuran el factoring Coval, la Tesorería General de la República y la empresa de transportes Korsar.
Actualmente, el proceso se encuentra en etapa de verificación de créditos. La compañía está siendo asesorada por el estudio jurídico Carey, mientras busca reestructurar sus obligaciones y asegurar la viabilidad del negocio en un entorno cada vez más competitivo para el retail especializado.