El reciente Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre de 2026 desencadenó una polémica que merece ser analizada con cuidado, porque dice mucho sobre cómo queremos que se conduzca el debate económico en Chile en los próximos años.
El ministro de Hacienda Jorge Quiroz señaló que el informe del gobierno anterior contenía un “error” de cálculo en la proyección de deuda pública de unos USD 10.500 millones para el período 2026–2030, anunció una investigación administrativa para determinar responsabilidades, y no descartó que pudiera haber habido dolo. Son palabras graves. Y precisamente por eso merecen ser examinadas.
El exministro Nicolás Grau respondió con prontitud y claridad: la proyección es consistente y no tiene errores de cálculo. Su argumento central es técnico y ha sido respaldado por una mayoría significativa de los economistas que han opinado públicamente sobre el asunto, incluidos algunos de centroderecha como Ignacio Briones y Patricio Rojas. La razón es la siguiente: la deuda pública como proporción del PIB no se mueve necesariamente en relación directa con el déficit fiscal. Depende también del tipo de cambio, de la inflación, del PIB nominal y de diversas operaciones financieras. Cuando en 2025 el peso se apreció y el PIB nominal resultó mayor al esperado, la deuda bajó como porcentaje del PIB a pesar de que el déficit efectivo fue más alto de lo proyectado.
Nada de esto quiere decir que no pueda haber diferencias legítimas de criterio entre equipos técnicos. Las proyecciones macroeconómicas a cuatro años descansan sobre supuestos —tipo de cambio, inflación, PIB nominal— que pueden y deben ser discutidos. Pero eso es diferente de acusar un error aritmético, y aún más diferente de insinuar dolo. Como señaló el propio Briones, plantear fraude o dolo es saltarse varios pueblos. El camino correcto, como propuso Grau, era convocar a los equipos técnicos de ambas administraciones a comparar supuestos y metodologías. Eso es lo que hacen los gobiernos que cuidan la institucionalidad fiscal.
Hay algo más que llama la atención en la forma en que se planteó esta polémica. Este es un gobierno que se inicia. En ese contexto, es razonable que el nuevo equipo revise las cifras heredadas y plantee sus discrepancias. Lo que no es igualmente razonable es saltar directamente a la acusación pública, instalar el marco del “error” o el “dolo” antes de haber agotado el diálogo técnico. Esa opción no solo daña la reputación de funcionarios que actuaron con transparencia, sino que envenena el ambiente para las conversaciones que vienen. De paso socava ante la opinión pública la credibilidad de nuestras instituciones.
Estas materias son altamente técnicas. Tienen sus propios conceptos, sus propias convenciones metodológicas, sus propios estándares internacionales. Cuando surgen dudas o discrepancias —como es completamente natural en una transición de gobierno— lo primero que corresponde es dar espacio a los técnicos para resolverlas entre ellos. Solo después de agotar ese proceso tiene sentido formarse un juicio público. Y si se quiere ir más allá y hacer acusaciones de mayor gravedad —errores deliberados, omisiones intencionales, manipulación de cifras— la carga de la prueba es mucho más alta. Hasta ahora, esa prueba no existe.
Y las conversaciones que vienen son enormemente importantes. El proyecto de Reconstrucción Nacional que impulsa el gobierno enfrenta cuestionamientos de fondo que exceden con mucho la disputa sobre proyecciones de deuda. El Consejo Fiscal Autónomo indicó que los costos fiscales directos se materializan con mayor certeza desde el primer año de vigencia. En contraste, los beneficios asociados al mayor crecimiento se incorporan de forma gradual y con mayor incertidumbre respecto de su materialización, y sus consecuentes efectos en la recaudación. Existe un descalce entre costos y beneficios: los primeros son ciertos y predecibles, mientras que los segundos son inciertos, graduales y condicionales. El Fondo Monetario Internacional, por su parte, señaló que incluso considerando las posibles ganancias de crecimiento derivadas del plan, se requerirán esfuerzos de consolidación fiscal adicionales para alcanzar las metas de déficit y deuda. Economistas de diversas tendencias han calificado la iniciativa como altamente riesgosa para las finanzas públicas.
Ese es el debate que Chile necesita dar. Un debate sobre si es razonable reducir impuestos a las grandes empresas, sin considerar compensar la merma de ingresos que genera esa rebaja, mientras se recorta el presupuesto de los hospitales y la educación. Sobre si las proyecciones de crecimiento que sustentan el financiamiento del proyecto son realistas. Sobre cómo Chile recupera una senda de sostenibilidad fiscal, que estimule el crecimiento sin sacrificar el gasto social que la ciudadanía necesita.
Para ese debate, que será largo y difícil y que se dará en el Parlamento, se necesita un clima de confianza mínima entre los actores. Se necesita que las diferencias técnicas se resuelvan técnicamente antes de convertirse en acusaciones políticas. Y se necesita que quienes tienen la responsabilidad de gestionar las finanzas públicas cuiden el lenguaje, no por pudor, sino porque las palabras tienen consecuencias —en los mercados, en la institucionalidad y en la capacidad de construir los acuerdos que el país requiere. Es de esperar que en su Cuenta Pública el Presidente Kast exprese su voluntad de restablecer confianzas que nos permitan un entendimiento en temas muy importantes para Chile y en donde hay mucho en juego.
