El Estado enfrentará nuevas demandas por la Ley de Fraccionamiento Pesquero, promulgada durante el gobierno de Gabriel Boric. Primero fue la familia Fernández, controladora de Camanchaca, que demandó por los perjuicios económicos que -asegura- le ocasionó la norma. Ahora se suman nuevas acciones.
Tras Camanchaca, en febrero pasado el grupo Yaconi-Santa Cruz, controlador de Blumar, también presentó una demanda contra el Estado por los perjuicios que le habrían ocasionado los cambios en las cuotas de captura previamente acordadas con el gobierno y que se modificaron con la ley.
La Ley de Fraccionamiento Pesquero modificó una serie de licencias de pesca, otorgando al sector artesanal mayores cuotas de captura de especies como el jurel. Lo que acusan las empresas es que estos ajustes, en la práctica, no beneficiaron a pescadores de menor tamaño, sino a un sector industrial disfrazado de pyme.
Se suman demandas
Esta mañana una nueva empresa se sumó a las millonarias demandas contra el Estado. Se trata de Landes, la pesquera de las familias chilenas Bohorodzaner y Fosk, que también acusó graves perjuicios.
“La acción ingresada ayer por Landes y acogida por el 22º Juzgado Civil de Santiago se fundamenta en que el Estado, a través de diversos actos, desconoció permanentemente la distribución de cuotas establecida en la historia regulatoria pesquera chilena y las reasignó a terceros sin el pago de una indemnización”, explicó la empresa.
El argumento se repite: que el nuevo fraccionamiento de pesca del jurel implicó “una expropiación encubierta del patrimonio de Landes, una acción ilegal cuyo daño debe ser indemnizado”, explicó el abogado de Barros & Errázuriz, David Cademártori.
La empresa aseguró que la reducción de cuotas compromete inversiones futuras enfocadas en consumo humano, obliga a postergar proyectos clave -como la modernización de la flota y la ampliación de su capacidad de congelado- e incorpora un alto nivel de incertidumbre regulatoria, lo que impacta negativamente en la sostenibilidad del negocio y en la creación de empleo.
Andrés Fosk Belan, CEO de Landes, sostuvo que “lo ocurrido con esta ley es muy grave. Se tramitó una ley sin sustento, deficiente y para empujarla, el gobierno saliente, desde la Subsecretaría de Pesca, impuso un estilo de trabajo irresponsable, alejado de lo técnico y basado en informaciones imprecisas o derechamente falsas”.
En total, las tres empresas que han demandado al Estado suman reclamaciones por US$386 millones: US$216 millones solicitados por Blumar, US$ 100 millones por Camanchaca y US$ 70 millones reclamados por Landes.
