El Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta sobre la Ley de Fraccionamiento Pesquero, quedando en condiciones de ser promulgada por el Ejecutivo, definiendo así la cuota de la merluza para el sector artesanal e industrial.
La norma determinó que la cuota global de captura anual será del 45% para los pescadores artesanales y el 55% para el industrial. Sin embargo, en caso que la cuota global de captura fijada para un año sea superior a 35.020 toneladas, el exceso irá íntegramente a la fracción artesanal. Lo anterior, con un tope de un 50% para cada sector.
Por su parte, el senador Juan Antonio Coloma (UDI) anunció reserva de constitucionalidad, apuntando que el sistema de financiamiento no fue revisado en la Comisión de Hacienda.
“Apareció una norma que establecía una patente que es un tipo de carga que tiene que verse en la Cámara y debe derivarse a la Comisión de Hacienda. Esto violenta la Constitución Política”, precisó el legislador, secundado por Carlos Kuschel y Luz Ebensperger.
Sector industrial anuncia acciones tras despacho de ley de fraccionamiento
Pero lo emanado desde el Congreso no provocó la reacción esperada en el sector industrial, porque Camanchaca, a través de su gerente general Ricardo García, anunció que presentarán acciones legales para que se respeten las cuotas pesqueras que tenía vigente hasta 2032.
“La industria pesquera ha sido golpeada duramente por esta ley que introduce estos cambios siete años antes de lo previsto por la ley vigente, lo que conlleva un perjuicio económico enorme, que en el caso de las empresas del Biobío es doble porque deberán pagar un arancel de más de un 30% sobre las importaciones de cuotas extranjeras de jurel”, planteó el ejecutivo.
García puntualizó que el cambio de reglas agrava la situación de la empresa, vinculado a “los contratos que tiene suscrito Camanchaca con partes extranjeras para la compra de cuotas internacionales, que no consideraron ningún tipo de gravamen y que significa poner en riesgo esa producción chilena. Es inaceptable que se cambie lo que la ley estableció hace más de 12 años, con severo perjuicio y sin que haya de por medio una justa compensación. Se genera un daño patrimonial grave y exigir una indemnización es lo justo”.
“El Estado cambió las reglas anticipadamente para beneficiar a un grupo de pescadores semi industriales a costa del patrimonio de los industriales. Ante esto, no nos queda otra opción que acudir a la justicia para solicitar una indemnización que repare el daño causado a nuestros accionistas, entre los cuales hay fondos de pensiones que representan a más de seis millones de afiliados”, expresó el representante.
