Anglo American, uno de los principales controladores de Collahuasi, reaccionó a la decisión del Segundo Tribunal Ambiental que retrocedió en la autorización ambiental (AAA) que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) le entregó al proyecto minero por USD 3.200 millones.
En una declaración pública, el holding minero recalcó que la propuesta en cuestión “incluye la construcción de una planta desalinizadora para Collahuasi, la cual se encuentra prácticamente terminada”.
Junto con ello, argumentó que el fallo desfavorable “se limita a dos aspectos específicos relacionados con el análisis de los efectos sobre la comunidad local y el medio ambiente marino”.
Ante esto, Collahuasi “está solicitando al Tribunal una aclaración completa para determinar los efectos específicos del fallo, los asuntos que requiere que el SEA vuelva a examinar y cualquier impacto en las operaciones de Collahuasi”.
En esta línea, Anglo American dejó en claro que lo decidido por la justicia ambiental “no prevé ningún impacto inmediato en la producción”, reiterando que “Collahuasi busca que tanto el Tribunal como la SEA aclaren el fallo”.
Consejo Minero respalda a Collahuasi
El Consejo Minero también reaccionó a la decisión judicial que retrasa la millonaria inversión de Collahuasi, dejando ver la preocupación del sector.
El presidente del organismo, Joaquín Villarino, aseveró en una declaración pública que “nos parece contradictorio que, mientras existe un consenso transversal sobre la necesidad de impulsar el crecimiento y destrabar inversiones, se produzcan fallos que reabren cuestionamientos sobre permisos ya otorgados por el propio Estado”.
“El fantasma de la permisología y de la falta de certeza jurídica sigue presente, y eso genera preocupación en cualquier sector que evalúe invertir en proyectos de largo plazo en Chile”, concluyó Villarino.
Una postura similar expresó la Sociedad Nacional de Minería, cuyo presidente Jorge Riesco dejó ver que este tipo de resoluciones “envían una señal preocupante para el clima de inversión en Chile, especialmente cuando se trata de proyectos de gran escala y largo plazo. Hoy vemos cómo una iniciativa que fue aprobada por las instancias técnicas hace cinco años, que ya suma inversiones por sobre los US$3.200 millones y que está prácticamente terminada, vuelve a quedar expuesta a incertidumbres regulatorias”.
