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Orionx: la caída de la plataforma chilena de criptomonedas tras pérdida de USD 7 millones

Desde la CMF aclararon que la firma no estaba autorizada para prestar servicios bajo la Ley Fintech.

El mundo de las criptomonedas en Chile vive un terremoto, luego que Orionx una de las mayores plataformas del país, anunciara su cierre definitivo, tras perder USD 7 millones.

En una declaración pública, la firma informó que “hoy Orionx informó el inicio de un proceso de cierre definitivo de sus operaciones”.

Desde la compañía apuntaron al rol de ex ejecutivos que repercutió en la salida de estos recursos: “La decisión se tomó luego de que una auditoría forense confirmara la existencia de transacciones que implicaron la salida de activos en custodia a billeteras no administradas por la Compañía, por un monto que supera los 7 millones de dólares”.

“Ante estos antecedentes, Orionx presentó una denuncia ante el Ministerio Público, para que se iniciare una investigación sobre los hechos. A esto se añade la presentación de una querella criminal dirigida en contra de los exejecutivos responsables”, agregó la empresa.

Si bien la firma sostuvo que la prioridad es “devolver a nuestros clientes la mayor cantidad posible de sus activos”, anunció que “los retiros se encuentran temporalmente suspendidos”.

Por su parte, desde la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) aclararon que “la entidad no se encuentra inscrita ni autorizada por la CMF para prestar servicios regulados por la Ley Fintec y, por tanto, no tiene la calidad de entidad fiscalizada conforme a dicha ley”.

En esta línea, puntualizó que la empresa de criptomonedas presentó una solicitud para inscribirse y obtener autorización bajo la Ley Fintec, pero fue rechazada el pasado 19 de junio.

Frente a esto, la CMF recalcó que “no administra el proceso de cierre o liquidación de Orionx SpA ni tiene atribuciones para ordenar la restitución de los fondos o activos que los clientes mantengan en la sociedad”.

Orionx, creada en 2017, presentó al año siguiente una demanda ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra una serie de bancos, a los que acusó de abuso de posición dominante al negarles la apertura de cuentas corrientes, lo que finalmente no tuvo acogida.

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