Más de doscientos estudiantes migrantes -durante el periodo de admisión 2017- quedaron fuera de la gratuidad universitaria en primera instancia, a pesar de cumplir con los requisitos para que esto no ocurriera. La razón: no tener residencia definitiva.
Sin embargo, la situación pudo ser revertida luego de que organizaciones migrantes y pro-migrantes, lograran la apelación de 170 que tramitaron sus papeles en tiempo récord gracias a gestiones entre el Departamento de Extranjería y Migraciones y Mineduc, cuando este permiso de residencia demora en promedio 7 meses.
Ante esta realidad, el Movimiento de Acción Migrante, el Servicio Jesuita a Migrantes y la Mesa Intercultural de Antofagasta dirigieron una carta a las autoridades del Mineduc a fin de que en el proceso de admisión 2018 no ocurra lo mismo.
“Hoy podría suceder que un chico o chica con excelentes notas, habiendo cumplido con la asistencia exigida para ser promovido/a y habiendo cursado la enseñanza media en Chile, se vea privado de ejercer un derecho que se asigna de acuerdo a un criterio socioeconómico, sólo por el hecho de ser extranjero e hijo/a de padres en situación migratoria irregular”, acusan las organizaciones.
Esta situación resulta anómala dado que, plantean, “es el Estado el que les ha fallado a estos jóvenes al haber incumplido todos los Convenios Internacionales que obligan a Chile a proteger a todas/os los niños por igual, al haber dejado a este grupo en una situación de vulnerabilidad mayor que aquellas/o que son hijas/os de migrantes regulares”.
