Durante la jornada de ayer, la comisión de Constitución del Senado declaró inconstitucional el proyecto de ley Aula Segura, el cual es impulsado por el Gobierno y que busca que los directores de los colegios puedan expulsar o cancelar la matrícula -de forma casi inmediata- a los alumnos que sean sorprendidos en actos graves de violencia.
La inconstitucionalidad se justificaría en que, de acuerdo a los parlamentarios, la medida que pretende reducir de 25 a 5 días el plazo para tramitar la expulsión no cumpliría con el debido proceso, pues no le permitiría al estudiante defenderse. No obstante, y a causa de que este informe -solicitado por la senadora Yasna Provoste, presidenta de la comisión de Educación- no es vinculante, el Gobierno afirmó que insistirá con la iniciativa.
Dentro de ese contexto, y en conversación con Radio Cooperativa, el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, señaló que “es importante en esto ser muy inflexibles, esto se trata finalmente de garantizar la seguridad de los colegios, de los estudiantes y los profesores”.
Además, Blumel explicó que Aula Segura surge debido a que”los directores sistemáticamente han ido perdiendo facultades para poder imponer la disciplina al interior de los colegios”. Y en este escenario, “lo que la indicación hace es establecer un breve procedimiento sumario previo al proceso de la expulsión, de 48 horas, pero que permite que el estudiante que fue sorprendido con una molotov o que roció con parafina a un profesor sea también apartado como una medida cautelar de la comunidad educativa”, agregó.
