Universidad del Pacífico: las razones del porqué la investigación tardía empeoró la crisis

Corría 2014 y la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) daba las primeras luces acerca de los problemas económicos que aquejaban a la Universidad del Pacífico. De esta manera, el 22 de octubre de ese mismo año, la CNA les informó a los directores de dicha casa de estudios que no los acreditarían.

Este fue el inicio de una historia –aún- sin fin, y puso en escena un panorama poco alentador para la universidad: sin acreditación los alumnos no podrían acceder al Crédito con Aval del Estado (CAE), y por ende, muchos desistirían de matricularse en el plantel.

Sin embargo, esto no era todo, ya que el informe de la CNA revelaba otras irregularidades asociadas a la universidad: ésta “es fiadora y codeudora solidaria de créditos otorgados por los bancos a la Fundación (Julio Ortúzar Rojas) por los edificios de las sedes Las Condes y Melipilla. Estos inmuebles son arrendados por la universidad y han sido tasados en una relación de 1,8 veces el valor de los bienes raíces a los créditos respectivos”.

Adicionalmente, en aquel documento de 2014, se argumentó que “todo lo anterior configura una situación en que la universidad paga arriendos a la fundación, que obtiene plusvalías por las propiedades que no benefician a la universidad, y además la universidad garantiza el pago de las obligaciones de la Fundación a la banca, sin razón aparente. No hay una explicación válida respecto a los motivos de dichas fianzas –que además son a título gratuito”

Pese a ello, la Universidad del Pacífico apeló a la decisión de la CNA y finalmente el Consejo Nacional de Educación (CNED) le otorgó la acreditación por un periodo de dos años. ¿Por qué? Porque para el CNED la situación financiera del plantel no era realmente “crítica”, considerando que había “un margen operacional que aunque escaso, es positivo”.

Con esto, el organismo esperaba que la universidad pudiera revertir sus pérdidas y con ello sacar adelante a una institución que tiene alrededor de 2.600 estudiantes.

Pero no fue así. Hoy se sabe que la situación es más que crítica, pues la casa estudios cerró 2017 con una pérdida de $2.059 millones y una merma patrimonial no menor. Esto último, ya que vendió el edificio de la comuna de Las Condes en $8.797 millones.

Investigación rezagada

Al parecer, dicha información no fue suficiente para iniciar una investigación oportuna al respecto. De hecho, el tema era tan evidente que en noviembre de 2017 se reunió personal de la División de Educación Superior (Divesup) con representantes de la Universidad del Pacífico, pero no hubo mayores avances.

De acuerdo a la información que la propia ex ministra Adriana Delpiano ha dado a los medios, desde la universidad les aseguraron que había un inversionista que les había hecho una oferta para darle viabilidad al plantel. Eso finalmente nunca se concretó, y así la investigación sólo se puso en marcha –por parte de la actual Divesup- recién durante la segunda quincena de noviembre de este año.

“Según han dicho las autoridades, estaban a la espera de hechos ciertos que les permitieran abrir una investigación en el marco de la ley vigente. Sin perjuicio de ello, la pérdida de la acreditación en marzo del año pasado debió haber encendido las alarmas”, señaló a El Dínamo Daniel Rodríguez, director Ejecutivo de Acción Educar.

Asimismo, el miembro de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Jaime Bellolio, comparte este último punto, y detalló a El Dínamo que “hay que recordar que la Universidad del Pacífico tenía acreditación, la perdió, la volvió a obtener y la volvió a perder, todo esto en los últimos cuatro años. Entonces, era evidente que tenía problemas económicos que no fueron capaces de subsanar y es por eso que perdieron la acreditación que habían ganado previamente. Y yo lamento que en el gobierno pasado no se haya iniciado una investigación como debía”.

Además, el diputado UDI afirmó que “obviamente que hay una responsabilidad de los equipos anteriores del Ministerio de Educación que no hicieron esta investigación, y por tanto, no pudimos levantar las alertas a tiempo”.

En tanto, para Cristina Girardi, diputada y presidenta de la Comisión de Educación, y en base a lo conversado con El Dínamo, el retraso en el inicio de la investigación se debería a “no darle la importancia a los temas, como que se pasan. Yo no quiero dar una opinión como si aquí hubiera una intencionalidad, porque en el fondo tú podrías pensar también que hay una cercanía entre el Ministerio y la institución, básicamente por esto de que el nuevo encargado de comunicaciones del Ministerio de Educación proviene de esa institución”.

Cabe mencionar que Francisco Sólanich, actual jefe de Comunicaciones del Mineduc y quien asumió este cargo el pasado 26 de noviembre, justo en plena crisis, fue decano de Comunicaciones y Diseño de la Universidad del Pacífico, puesto que ejerció hasta octubre de este año.

Pero, incluso, “el año pasado el Ministerio ya había señalado que había elementos y que iban a iniciar una investigación, por lo tanto, ya por lo menos tenían ese antecedente. Y además tenían la denuncia de la CNA que fue tajante, al decir que esa institución estaba en una situación financiera que ya no daba para más”, detalló la diputada.

Y es que la diputada del PDD fue categórica cuando se le pregunta respecto de si los parlamentarios pudieron haber hecho algo: “Aquí el único que podía iniciar la investigación es el Ministerio, nadie más que el Ministerio. Acá hay una responsabilidad clara del Ministerio”.

Para Javier Iñiguez, quien es presidente del Centro de Alumnos de la Carrera de Música y Tecnología de la Universidad del Pacífico, lo que pasó fue que desde el plantel “supieron manejar la situación muy bien, porque hicieron un show más o menos bien elaborado sobre que estaban en proceso de acreditación, que fue real, y se nos dijo que había un inversionista interesado en inyectar en este proyecto educativo una suma de alrededor de 10 millones de dólares. Que tuviéramos fe”.

De igual manera, el vocero de los alumnos hizo hincapié en que “la persona que nos decía esto era Pablo Ortúzar, que es el presidente del directorio, entonces, si venía de alguien con esa categoría era creíble. Y al final se nos culpó a nosotros, de que al haber hecho pública esta situación esto se cayó.”

Así la Universidad del Pacífico, -que además dejó de ser parte de la Corporación de Universidades Privadas (CUP) hace más de un año “por incumplimiento de obligación de aporte financiero”, según señaló a El Dínamo la directora de Desarrollo de dicha corporación, Paulina Hidalgo– sólo fue sometida a investigación recientemente.

“Fue este gobierno que, tras recibir la información por parte de los estudiantes y los académicos, decide hacer lo primero que estaba en sus atribuciones, y esto es iniciar una investigación. Y el resultado de esa investigación es la que puede indicar si es necesario dar el siguiente paso, que es un administrador de cierre o un administrador temporal, un administrador que permita sacar a la universidad de la situación de la cual hoy se encuentra”, detalló Jaime Bellolio.

Compromisos sin cumplir

Durante la tarde de este lunes, la Universidad del Pacífico entregó su plan de cierre al Mineduc. Sin embargo, y de acuerdo a lo señalado este martes por el jefe de la División de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas: “el documento recibido da cuenta de un desgobierno al interior de la entidad y de una deficiente gestión que está afectando principalmente a los estudiantes”.

Para la autoridad del Mineduc, el plan es “totalmente insuficiente, al no hacerse cargo mínimamente de las obligaciones que le corresponden como institución de educación superior”.

Y es que el tema de los “compromisos” no ha sido una tarea fácil de llevar. De hecho, por ejemplo, el miércoles 5 de diciembre el plantel debía pagar los sueldos a sus funcionarios y docentes, pero para sorpresa de estos, muchos de los cheques fueron protestados por falta de fondos.

“La mitad de los cheques que llegaron no tenían fondos porque la mitad rebotó, y aparte ni siquiera era por el total, era por un 50% de lo que se adeudaba. Además ya se sabe que no hay fondos para pagar el otro 50%, así que tampoco están muy contentos ni los funcionarios ni los profesores”, señaló Javier.

Ante esto, para la presidenta de la Comisión de Educación, Cristina Girardi, hay temas que no cuadran. “Vendieron uno de los edificios creo que en UF 350.000, estamos hablando de más o menos 9 mil millones de pesos, y no tienen plata, eso es lo raro. ¿Qué hicieron con la plata?”.

“Entonces, por eso es tan importante la investigación, no solamente para saber lo que pasa. Sin la investigación no se puede tomar ninguna medida, por eso es tan grave que no se haya investigado y se haya dejado pasar tanto tiempo sin hacer absolutamente nada”, finalizó la diputada.

Futuro incierto

Muchos de los estudiantes ya ‘terminaron’ su año académico, y lo hicieron sin una solución clara con respecto a qué sucederá con ellos en marzo. “Lamentablemente 2019 es algo incierto para nosotros. Estamos en conocimiento de que la sede de Las Condes, que es la sede principal donde funciona la universidad, ya fue devuelta. Sabemos, hasta el momento, que no tenemos una casa de estudios para 2019”, relató Iñiguez.

En tanto, y en relación al tema de la reubicación, el vocero de los alumnos señaló que los dirigentes de cada carrera están buscando opciones para su reubicación en otros planteles, valiéndose del Ministerio de Educación como intermediario.

Y es que a través del documento que presentó el plantel este lunes, el presidente del directorio de la Universidad del Pacífico, Pablo Ortúzar, reconoció que han intentado buscar un acuerdo con otra universidad, con el propósito de que ésta admitiera a los alumnos que quisieran trasladarse, o bien para generar una especie de alianza. No obstante, no lo han conseguido, por lo cual apelan a la ayuda del Ministerio.

Para el presidente del centro de alumnos de la Carrera de Música y Tecnología lo peor es la incertidumbre. “No existe seguridad de nada y la verdad es que todos esperamos que haya una solución en el corto plazo. Pero al menos durante la reunión que tuvimos con el Mineduc el viernes pasado se estableció la idea de que formemos una mesa de trabajo, cada 15 días, para ver el progreso en este tema”, relató Javier.

“El inversionista no ha cumplido con lo que se esperaba, entonces, le queda la pelota al Ministerio de Educación de proponer una salida; que puede ser un administrador de cierre. Mientras tanto yo creo que lo clave es poner delante a los estudiantes y eso significa encontrar una institución que pueda facilitarles a ellos que puedan mantener sus estudios, que haya un convenio con alguna universidad que les permita a ellos continuar sus estudios sin que signifique partir de cero”, señaló Jaime Bellolio.

De esta manera, parece que a la historia de la Universidad del Pacífico aún le queda un buen tiempo para finalizar. Al menos, con la nueva Ley de Educación Superior el panorama a futuro parece ser un poco más alentador. “Casos de mala gestión y progresiva decadencia como el de la Universidad del Pacífico serán más fáciles de prever y el Estado, mediante la Superintendencia, podrá actuar a tiempo. Ahora, el cierre de instituciones es algo propio de un sistema dinámico y competitivo. Lo peor sería sostener artificialmente, y con recursos de todos los chilenos, instituciones fallidas. Lo relevante es proteger el derecho a la educación de los estudiantes”, finalizó Daniel Rodríguez, director Ejecutivo de Acción Educar.