Directores de centros de investigación rechazaron fallo del TC sobre Ley de Inclusión
Los académicos cuestionaron que el tribunal acogiera un requerimiento de inconstitucionalidad presentado contra la eliminación de la selección escolar.
Por Sebastián Dote
El requerimiento contra el fin de la selección surgió por un caso de Concepción. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Directores de seis centros de estudios de investigación en educación rechazaron un fallo definido a inicios de este mes por el Tribunal Constitucional (TC), el que afectaría al corazón de la Ley de Inclusión Escolar impulsada durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet.
En una carta publicada por La Tercera, Alejandra Mizala, directora Centro de Investigación Avanzada en Educación Universidad de Chile; y Andrés Bernasconi, director Centro Justicia Educacional Pontificia Universidad Católica de Chile; en conjunto con Carmen Montecinos, directora Líder Centro Asociativo para el Liderazgo Educacional; José Weinstein, director Programa de Liderazgo de la Universidad Diego Portales; Magdalena Claro, directora CEPPE UC Pontificia Universidad Católica de Chile; y Verónica López, directora Centro Eduinclusiva Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, mostraron su postura frente al requerimiento, el que determinó la inconstitucionalidad de la eliminación de la selección escolar.
Los académicos plantearon que “si bien el fallo favorece solo a los requirentes y no tiene alcance general sobre la Ley de Inclusión, pudiendo el SAE continuar organizando la admisión del 92% de la matrícula del país, contraviene el espíritu de la Ley de Inclusión Escolar, que definió la selección como una práctica discriminatoria y que vulnera el derecho a la educación“.
En su recurso ante el TC, los los requirentes acusaron que el Sistema de Admisión Escolar (SAE) impuesto por la Ley de Inclusión vulnera las libertades de enseñanza y elección protegidas por la actual Constitución, al excluir la transición del playgroup al nivel de prekínder en el esquema de admisión de un colegio particular subvencionado de Concepción. El requerimiento fue acogido por el TC en su sesión del 1 de junio y aún está en proceso de redacción.
Los directores de los centros de estudios plantearon que “si bien cada fallo del TC sobre inaplicabilidad no constituye jurisprudencia vinculante sobre futuros requerimientos ante el tribunal, constituye un antecedente relevante para que a futuro diversos sostenedores o familias sigan el mismo camino”.
En este sentido, señalaron que “si algunos de ellos tienen éxito, a mediano plazo podría configurarse un subgrupo de sostenedores financiados por el Estado que organicen sus cupos y ofrezcan matrícula desde el playgroup como una manera de burlar el Sistema de Admisión Escolar”.
Los expertos agregaron que si bien el SAE tiene aún efectos débiles sobre la desigual distribución de colegios de calidad entre las familias y en su capacidad de mejorar la inclusión al interior de las escuelas, “la investigación sobre su implementación arroja que el SAE ha contribuido a modernizar los procesos de postulación, ha sido beneficioso para las familias del país al mejorar sus experiencias de postulación, ha eliminado prácticas discriminatorias y fortalecido la elección de escuela”.
“Tanto el presente fallo del TC, como el Proyecto de Admisión Justa presentado por el actual Gobierno y rechazado por el Congreso en 2019, desconocen las políticas a nivel internacional que favorecen la inclusión escolar, ignoran la evidencia científica que permite optimizar la distribución de cupos escolares, restringen, en vez de expandir, la elección de las familias y olvidan el acuerdo nacional que legitimó socialmente la aprobación de la Ley de Inclusión”, afirmaron.
