Constituyentes entran al debate por eventual acuerdo de la Universidad de Concepción con imputados por destrozos

Representantes del PC, ex Lista del Pueblo e independientes pidieron a la casa de estudios dialogar con los detenidos, quienes están acusados por hechos ocurridos durante el estallido social.

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Los detenidos fueron acusados de participar en diversos hechos de violencia en el campus de la casa de estudios. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Los detenidos fueron acusados de participar en diversos hechos de violencia en el campus de la casa de estudios. AGENCIA UNO/ARCHIVO
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Un grupo de constituyentes entró al debate interno que mantiene la Universidad de Concepción (UdeC), casa de estudios que junto con el Gobierno se mantiene como querellante en una causa que involucra a 12 personas que se encuentran imputadas por diversos destrozos registrados en el campus de la casa de estudios entre enero y marzo de 2020, en los últimos meses del estallido social.

A través de una carta, los representantes del Partido Comunista, Pueblo Constituyente (ex Lista del Pueblo) e independientes de izquierda apuntaron a un eventual acuerdo reparatorio que concretaría la universidad con los detenidos, para evitar que se llegue a un juicio oral.

“En los últimos días se vio una señal esperanzadora de parte de la Universidad de Concepción para estos jóvenes, al enterarse de una negociación del caso, que tras pocos días fue abruptamente descartada debido a desconocidas presiones”, señalaron los constituyentes.

El texto, que fue firmado por Hugo Gutiérrez, Manuel Woldarsky, Tania Madriaga, Bastián Labbé, Giovanna Grandón y Alejandra Pérez, solicitó a la UdeC “reconsiderar su actuar con respecto a estos jóvenes y el contexto de los hechos ocurridos, dándoles una oportunidad y un alivio a sus familias”.

La posible negociación entre la universidad y los presos del estallido generó visiones encontradas al interior de la comunidad estudiantil, académica y los trabajadores. El 16 de septiembre pasado un grupo de integrantes de la institución firmó una declaración en apoyo al acuerdo, apuntando al “camino del diálogo” tomado por la rectoría liderada por Carlos Saavedra.

Más allá de esto, el proceso legal contra los imputados sigue su curso ya que el Juzgado de Garantía de Concepción acogió la solicitud de la Delegación Presidencial Regional para mantener su condición de querellante, la que se había perdido por un error administrativo.

La audiencia de preparación para el juicio oral quedó agendada para el próximo 23 de noviembre.

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