El directorio de la Corporación de la Universidad de Concepción descartó haber llegado a un acuerdo con los 12 imputados por diversos destrozos ocurridos en el campus universitario durante el mes de febrero de 2020, en pleno estallido social.
En una declaración pública, la casa de estudios salió al paso de diversas versiones que hablaban de una eventual negociación con los acusados, para así evitar llegar al juicio oral.
“La Universidad de Concepción formuló oportunamente, el 5 de septiembre de 2021, su acusación particular respecto de los delitos incluidos en las respectivas querellas, teniendo en consideración no solo los cuantiosos daños materiales que los hechos implicaron, sino también el riesgo a la integridad física de las personas que trabajan en el campus y de quienes a diario lo visitan”, expresó el texto.
El directorio agregó que desde rectoría confirmaron que “el accionar de la universidad ha estado dentro del marco del derecho”, agregando que “no existe ni ha existido acuerdo alguno con los imputados en estos hechos, sino solo conversaciones dentro de la permanente disposición al diálogo de nuestra casa de estudios y de sus autoridades”.
“El proceso seguirá su desarrollo con estricto apego al marco legal vigente”, complementó.
El eventual acuerdo de la Universidad de Concepción con los imputados generó un intenso debate al interior del plantel y una intervención directa de un grupo de constituyentes de izquierda, quienes pidieron a la institución “reconsiderar su actuar” para otorgar una oportunidad a los reos.
Durante este martes se confirmó que el Juzgado de Garantía de Concepción acogió la solicitud de la Delegación Presidencial Regional para mantener su condición de querellante, la que se había perdido por un error administrativo.
De esta forma, la audiencia de preparación para el juicio oral quedó agendada para el próximo 23 de noviembre.
