Luego de que el Ministerio de Educación publicara esta semana el informe de Caracterización de los Deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa, salió a defender la condonación, uno de los proyectos claves del gobierno de Gabriel Boric.
“Las críticas con poco fundamento venían de un sector que no apoya la posibilidad de avanzar en la condonación de una deuda educativa como esta. Son personas que han participado del Gobierno anterior, que han tenido cargos en él, que hoy día están en roles en ciertos centros de pensamiento”, afirmó en una entrevista en radio Cooperativa.
Las críticas a la que refería la subsecretaria son las que llegaron desde Acción Educar, un centro de estudios que acusó al Mineduc de “magnificar una vulnerabilidad que no es tan enorme” y de que el informe tenía “un sesgo de confirmación”.
“Acción Educar es un centro de pensamiento vinculado a la UDI, y allí hay personas que han sido jefes de gabinete de ministros y ministras del Gobierno anterior (…) muchas veces quienes llegan a poner los temas en la agenda no necesariamente tienen la verdad”, se defendió Figueroa.
Sobre la supuesta magnificación de la vulnerabilidad, la subsecretaria dijo que era no era así, sino que era necesario poner el tema en la palestra. “Este informe visibilizó, a través de la caracterización, a quienes hoy día tienen deudas por estudiar a través de este Crédito con Aval del Estado. Creemos que es importante porque desmitifica varias cosas que siempre se instalan en el imaginario”, dijo.
“Caracterizar deudores”
Y en respuesta a la acusación de sesgo de confirmación, Figueroa se defendió diciendo que la información utilizada les permitía llegar a la conclusión. “No hubo ningún RUT que no tuviera información (…) tomamos el ingreso estimado anual y lo dividimos por los valores extremos de cada tramo”, aunque de todas maneras, “el objetivo de este informe no es caracterizar ingresos, es caracterizar deudores. Los ingresos son una variable que nos permite esa caracterización”.
“Ese 38% de personas que reciben menos de 250.000 pesos, que es un rango entre 0 a 250.000, abre una pregunta que debemos seguir indagando (…) lo más probable es que haya personas que tengan ingresos informales; recordemos que metodológicamente no existe una forma de medirlos”, precisó la subsecretaria.
Para terminar, hizo un llamado a “no desinformar” ni a “invisibilizar” los problemas.
