La reciente muerte de Patricio Zúñiga, más conocido como Tommy Rey, no solo generó una oleada de homenajes en el mundo de la música nacional, sino que también reactivó un debate pendiente: cómo garantizar una protección efectiva a los creadores nacionales en medio de la masificación de plataformas digitales.
En honor al artista, se presentó hace algunos días en el Congreso Nacional un proyecto —bautizado como “Ley Tommy Rey”— que busca que plataformas como Spotify, YouTube y Apple Music paguen derechos conexos a intérpretes y músicos, una deuda histórica que ni siquiera la figura más emblemática de la cumbia chilena logró saldar en vida.
El caso evidencia las fragilidades estructurales de la propiedad intelectual en Chile. Pese a que existe un marco normativo desde hace décadas, buena parte de los creadores —ya sean músicos, inventores o emprendedores— enfrentan barreras económicas, técnicas y legales para acceder a mecanismos de protección efectivos.
La legislación, además, avanza más lento que los cambios tecnológicos, lo que deja amplios vacíos frente a nuevos modelos de negocio.
La irrupción de las plataformas digitales ha desafiado por completo los marcos tradicionales de la propiedad intelectual. Servicios de streaming, redes sociales y marketplaces globales permiten una difusión masiva de contenidos, pero sin garantizar necesariamente una retribución justa a quienes los producen.
De hecho, la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), explicó en este contexto que “las plataformas solo pagan derechos de autor, no de intérprete”, lo que excluye a una parte fundamental del proceso creativo.
¿Es posible proteger a los artistas?
Como todos los años, el 26 de abril se conmemora el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, fecha impulsada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que busca reflexionar sobre estos desafíos. Bajo el lema “La PI y la Música: Siente el ritmo de la PI”, la edición de este año invita a discutir cómo los derechos intelectuales pueden —o deben— evolucionar para proteger mejor la creatividad en tiempos digitales.
Guadalupe Castro, abogada especializada en propiedad intelectual y fundadora de la plataforma IdeaScan, señala: “Legislar sobre derechos conexos implica entender que la industria cultural no se sostiene solo con creadores individuales, sino con una cadena de talentos cuya labor es igual de esencial: músicos de sesión, intérpretes secundarios, técnicos, artistas escénicos. Sin ellos, las obras no cobran vida.
Y sin un marco legal claro, transparente y actualizado, su aporte sigue estando en la sombra. Hoy más que nunca, el derecho debe estar a la altura del dinamismo de las industrias creativas”.
Castro ha trabajado durante años en mecanismos de protección temprana para ideas y desarrollos innovadores. Desde su experiencia, “en Chile avanzamos en reconocer los derechos conexos, pero aún falta lo más importante: que esos derechos se paguen, se respeten y se entiendan. Mejorar la gestión colectiva y el entorno digital sigue siendo una zona gris. Se necesita una buena fiscalización y educación para que no solo sea tinta en el papel”.
IdeaScan, la plataforma que lidera, utiliza inteligencia artificial para facilitar el acceso a la propiedad intelectual, especialmente entre emprendedores, universidades y pequeñas empresas. Su tecnología permite analizar el potencial de innovación de una idea, encontrar tecnologías similares en el mundo y acompañar los primeros pasos hacia una eventual solicitud de patente. Su objetivo: hacer que la propiedad intelectual deje de ser un privilegio y se transforme en una herramienta estratégica y accesible para todos.
