La Fiscalía Anticorrupción de Baleares (España) atribuye a Iñaki Urdangarin -yerno del Rey Juan Carlos, casado con su segunda hija, Cristina- una actividad encaminada a “apoderarse” de “fondos públicos” del Gobierno balear, utilizando facturas falsas e infladas y valiéndose de presupuestos y servicios ficticios. La operativa presuntamente empleada por el duque de Palma consistía en “concertarse” con los “responsables políticos” para desviar el dinero a un “entramado societario” organizado para tal fin.
Sobre la base de lo mantenido por Anticorrupción, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, dictó el lunes el auto en el que acordaba la entrada y registro en las sociedades de Urdangarin y de la infanta Cristina.
En el escrito, el juez indica que la investigación sobre Urdangarin, sus socios en el Instituto Nóos que presidía y las autoridades implicadas podría suponer la comisión de los delitos de fraude a la Administración (fisco), prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos.
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