Los vuelos internacionales y locales se vieron afectados hoy en los dos principales aeropuertos de Buenos Aires en medio de un conflicto sindical con controladores aéreos que motivó el sábado la suspensión de las operaciones de Aerolíneas Argentinas durante dos días, informaron fuentes aeroportuarias.
Personal de seguridad bloqueó durante más de una hora la zona de embarque del aeropuerto internacional de Ezeiza, a las afueras de Buenos Aires, debido al conflicto, dijeron los portavoces.
Las operaciones comenzaban esta noche lentamente a normalizarse, precisaron.
El litigio también afectó las operaciones del Aeroparque porteño, destinado a vuelos locales y regionales, añadieron medios locales.
Los problemas en los aeropuertos ocurrieron luego de que la presidenta argentina, Cristina Fernández, decidiera el pasado lunes por decreto que los controladores aéreos, que desde hace cuatros años estaban a cargo de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), vuelvan a depender de la Fuerza Aérea.
La medida oficial fue tomada en medio de la suspensión de vuelos establecida por Aerolíneas Argentinas, controlada por el Estado, debido a una medida de fuerza presuntamente impulsada por la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), que agrupa a controladores aéreos.
Aunque el sindicato rechazó tener algo que ver con las medidas de fuerza, el Gobierno lo denunció este lunes ante la Justicia por negarse a acatar la conciliación obligatoria dictada para tratar de solucionar el conflicto.
El Ministerio de Trabajo informó en un comunicado de que solicitó la suspensión de la personería gremial del sindicato.
En las últimas semanas, tanto el sindicato de los técnicos como el de los pilotos de la compañía han realizado fuertes críticas a la gestión del presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, un hombre cercano a la reelegida presidenta argentina.
Aerolíneas Argentinas está bajo gestión estatal desde 2008, cuando, en medio de una severa crisis financiera de la línea aérea de bandera, el Gobierno argentino resolvió iniciar un juicio de expropiación de la empresa controlada por el grupo español Marsans, un proceso judicial que aún sigue abierto.
