El ex general argentino Antonio Domingo Bussi, fallecido hoy a los 85 años, fue uno de los integrantes del ala más dura de la dictadura militar (1976-1983), pero además logró varios cargos electivos ya en democracia, incluido el de gobernador de la provincia de Tucumán.
Bussi, nacido el 26 de enero de 1926, escaló en la vida política local mientras sorteaba las acusaciones por su participación en los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen militar, que dejó 30.000 desaparecidos, según organizaciones de derechos humanos.
En 2003, poco después de ser elegido alcalde de la ciudad de Tucumán, capital de la provincia homónima, Bussi fue detenido por la desaparición del ex senador Vargas Aignasse, el mismo delito por el que fue condenado a prisión perpetua en 2008.
“Este caso no puede ser tratado fuera del contexto de la guerra en los (años) setenta” contra “terroristas” de izquierdas, afirmó Bussi durante su último intervención en el juicio antes de recibir la sentencia a cadena perpetua.
Durante aquel proceso, el ex gobernador interrumpió su discurso para pedir “más oxígeno” y estalló en llanto en más de una ocasión al hablar ante los miembros del tribunal que lo juzgó.
Pero su actitud no conmovió a los organizaciones humanitarias que acudieron a cada jornada del juicio y que montaron en cólera cuando el tribunal anunció que le concedería el beneficio de prisión domiciliaria por sus problemas de salud.
Casado con Josefina Bigolio y padre de cuatro hijos, Bussi ha muerto cuando era investigado además por violaciones sexuales cometidas en un centro de detención de Tucumán durante la dictadura, cargo por el que fue procesado en julio pasado como “partícipe necesario”.
Antes de la dictadura, Bussi ya ocupaba posiciones de poder. En 1975 fue comandante del “Operativo Independencia”, una campaña militar realizada en Tucumán contra la organización guerrillera trotskista Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
Un año más tarde asumió como gobernador de Tucumán, cargo en el que se mantuvo hasta 1981, y que volvió a ejercer en democracia, de 1995 a 1999, luego de ganar los comicios provinciales con el 44 por ciento de los votos.
Antes de su segundo mandato como gobernador, fue diputado y creó la derechista Fuerza Republicana, con la que se presentó más tarde a las elecciones.
Cuando ejercía como gobernador elegido democráticamente fue investigado por cuentas en bancos suizos, evasión de impuestos y enriquecimiento ilícito, lo que motivó su suspensión en el cargo durante 60 días, aunque logró evitar finalmente la destitución.
Bussi, que tampoco escapó a denuncias por malversación de fondos públicos, intentó continuar con su carrera política en 1999, cuando finalizó su mandato de gobernador y se presentó como candidato a diputado, pero el Parlamento rechazó su designación por considerarlo “moralmente inhabilitado” por su papel en la dictadura.
Se postuló para legislador poco después de que el juez español Baltasar Garzón pidiera su detención por violaciones de los derechos humanos, solicitud rechazada por las autoridades argentinas.
No obstante, afrontó en los últimos años en Argentina varios procesos judiciales, al mismo tiempo que se deterioraba su salud, lo que le llevó a múltiples ingresos hospitalarios.
De hecho, un perito forense de la Corte Suprema de Justicia había establecido a comienzos de noviembre que no estaba en condiciones físicas apropiadas para ser sometido a juicio, por lo que un tribunal de Tucumán decidió apartarlo de un proceso que afrontaba por crímenes de la dictadura.
Bussi, que en mayo pasado fue dado de baja de las filas del Ejército, ya había sido apartado en 2010 de un juicio en su contra por su debilitada salud, que finalmente derivó en una falla “multiorgánica” sin retorno.
