El Gobierno uruguayo realizará antes de marzo de 2012 un acto oficial y público de reconocimiento de la responsabilidad del Estado por los crímenes cometidos durante la dictadura militar (1973-1985), anunciaron hoy fuentes oficiales.
Ese acto formará parte de la asunción de responsabilidad solicitada a Uruguay por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en la sentencia por el caso de Macarena Gelman, la nieta del poeta argentino Juan Gelman cuya identidad fue apropiada por la dictadura después del secuestro y la desaparición de sus padres en 1976.
Según explicó en una rueda de prensa el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, este acto en un principio había estado diseñado para realizarse este año, si bien “la coordinación de todos los detalles” y lo “delicado” del asunto obligaron a posponerlo hasta marzo del año que viene.
“Se ha dispuesto todo lo necesario y hemos entablado contactos permanentes con Macarena Gelman a los efectos de coordinar los detalles públicos de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado sobre los hechos de la dictadura. Se pretende ser un acto pautado para establecer aquellas afirmaciones que habrán de realizarse”, destacó Breccia.
El alto funcionario también señaló que Uruguay ya está cumpliendo otros detalles de la sentencia, como el pago de la multa a Macarena Gelman establecida por la sentencia y la entrega de la antigua sede de la Inteligencia militar durante la dictadura para establecer allí la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Breccia brindó la conferencia de prensa arropado por los ministros de Exteriores, Luis Almagro, Educación, Ricardo Ehrlich e Interior, Eduardo Bonomi, en representación de la comisión interministerial creada por el Ejecutivo para tratar los casos de derechos humanos en Uruguay.
Esta conferencia se realizó además apenas una semana después de la identificación de los restos del maestro Julio Castro, asesinado por agentes de la dictadura de un tiro en la cabeza y enterrado en un cuartel del Ejército en 1977.
Breccia señaló que ese hallazgo puso de manifiesto la labor en el tema de derechos humanos desarrollada por el Ejecutivo en este último año, que pasó por financiar los trabajos de excavación en los predios militares hasta “la revocación de todos los actos administrativos” que pusieron los casos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura fuera del amparo de la Ley de Caducidad.
