Mohamed Bouazizi decidió suicidarse a lo bonzo en diciembre de 2010 para denunciar la opresión del Gobierno tunecino. Seguramente nunca lo haya podido imaginar, pero el fuego que acabó con su vida encendió la ola de revueltas que se expandió como reguero de pólvora por varios países cuyos regímenes hacían de la “mano de hierro” el instrumento para acallar las críticas. La mayoría de los déspotas hicieron caso omiso a ese mensaje de hartazgo y pagaron las consecuencias, aunque al precio de un derramamiento de sangre que todavía no se detiene.
El primero en sufrir el poder del descontento popular fue, justamente, Zine El Abidine Ben Ali, gobernante de Túnez desde 1987. Buscó por un tiempo acallar el descontento social disponiendo la baja del costo de productos básicos. Prometió, además, dejar el poder cuando terminara su mandato, en 2014. Pero no fue suficiente.
Ben Ali dejó su país a mediados de enero para asilarse en Arabia Saudita y su caso fue un anticipo de lo que le esperaba al Magreb africano. A fines de noviembre, la Justicia de su país lo condenó en ausencia por torturas cometidas en 1991. También fue sentenciado, junto a su mujer, a cumplir una pena en la cárcel por casos de corrupción.
Las manifestaciones tunecinas contagiaron de inmediato al pueblo egipcio, que en enero salió a las calles para pedir una apertura democrática haciendo de la plaza Tahrir, en El Cairo, el emblema de la lucha contra el tirano. Durante semanas, el presidenteHosni Mubarak, quien gobernó el país durante tres décadas, resistió las marchas apelando a la represión.
Como su par tunecino, Mubarak intentó calmar las aguas alternando concesiones y amenazas. Pero el millón de egipcios que, organizados a través de las redes sociales, tenían en jaque al régimen no se replegó. Privado del apoyo de sus aliados de Occidente y presionado por su entorno (los militares le pidieron que dé un paso al costado para evitar ceder el poder), abandonó finalmente el Ejecutivo a mediados de febrero para refugiarse en su residencia en el Mar Rojo.
