Control de armas: Senado de Connecticut aprueba estrictas normativas
Entre las nuevas medidas destaca la prohibición de la venta y compra de cargadores de más de 10 municiones, la ampliación de la lista de armas de asalto prohibidas y la creación de un registro estatal de personas condenadas por delitos con armas.
Por EFEEl Senado de Connecticut (EE.UU), el estado donde fueron asesinados 20 niños y 6 adultos en la escuela Sandy Hook de Newtown, aprobó este jueves un paquete de leyes para restringir el acceso a las armas y cargadores de alta capacidad que incluye, además, un registro de delincuentes peligrosos.
Los legisladores de Connecticut han definido al paquete, fruto de un acuerdo bipartidista logrado el pasado lunes, como el “más duro” sobre el control de armas en todo el país.
El Senado estatal lo aprobó en una votación de 26 a 10 y se espera que la Cámara de Representantes lo ratifique en las próximas horas.
El gobernador estatal, el demócrata Dannel Malloy, prevé firmar y promulgar las nuevas leyes este mismo jueves.
Entre las nuevas medidas destaca la prohibición de la venta y compra de cargadores de más de 10 municiones, así como la ampliación de la lista de armas de asalto prohibidas.
Además, se establece la revisión de antecedentes del comprador en todas las ventas de armas, incluidas las privadas.
Lo más novedoso es la creación de un registro estatal de personas condenadas por delitos con armas que estará disponible solo para las autoridades y que sería el primero de todo el país, según los legisladores.
Desde la masacre ocurrida en Newtown el pasado 14 de diciembre, otros estados como Nueva York y Colorado han aprobado leyes para endurecer la compra y posesión de armas de fuego y de cargadores de alta capacidad.
Durante este año cinco estados han aprobado leyes que restringen el acceso a las armas, pero otros 10 han adoptado medidas que aumentan la permisividad, de acuerdo con datos del Centro de Leyes para Prevenir la Violencia con Armas.
El presidente de EE.UU., Barack Obama, abogó hoy en Denver por “ponerse en el lugar del otro” en el polarizado debate sobre el control de las armas en el país para lograr avances, al defender una reforma en el sistema de verificación de antecedentes penales que impida a los criminales acceder a ellas.
