El asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido durante la madrugada en Puerto Príncipe, se produjo en medio de una grave crisis política, social y de seguridad que afecta al país.
Moïse estaba gobernando por decreto luego del retraso de las elecciones previstas para 2018 y lideraba el gobierno en medio de fuertes disputas sobre cuándo terminaría su mandato.
“Mi mandato empezó el 7 de febrero del 2017 y termina el 7 de febrero del 2022. Entregaré el poder a su propietario que es el pueblo de Haití”, expresó el presidente haitiano previo a su asesinato.
Jovenel Moïse asumió la presidencia de Haití después de ser electo con el 55,6% de los votos en 2016, tras las acusaciones de fraude del candidato opositor, Jude Célestin, de la Liga Alternativa para el Progreso y Emancipación de Haití, y fue el sucesor del ex presidente Michel Martelly.
Descalabro político
Desde el mismo año en que asumió, Moïse enfrentó protestas sociales y una grave crisis política en Haití por el deterioro de las condiciones de vida y acusaciones de corrupción en torno a los fondos del programa de ayudas venezolano Petrocaribe.
El pasado 7 de febrero, el mandatario denunció que sectores de la oposición, junto a un grupo de jueces y altos mandos de la policía, praparaban un golpe de Estado en su contra. Tras ello, un grupo de personas fue detenidas y luego dejadas en libertad.
En paralelo, Moïse fue acusado de inacción ante la inseguridad e impunidad de las bandas criminales y de limitar las competencias de las entidades que fiscalizaban su mandato.
En este contexto, el Consejo de Seguridad de la ONU manifestó que era prioritaria la realización de elecciones legislativas y presidenciales para finales de 2021.
Este lunes, el mandatario asesinado había anunciado el nombramiento de un nuevo primer ministro, Ariel Henry, de 71 años, quien ocupó durante 2015 y 2016 los cargos de ministro del Interior y luego de Asuntos Sociales y Trabajo.