Hay una audacia particular en la política criolla que merece ser llamada por su nombre: el cinismo. No el cinismo filosófico de los griegos, esa tradición de despojarse de las convenciones para buscar la verdad, sino el cinismo moderno, el de quien destruye algo con sus propias manos y luego se presenta como experto en su reconstrucción. Eso es exactamente lo que está haciendo hoy la izquierda frente a la agenda económica del gobierno de José Antonio Kast: hablar de empleo, de crecimiento y de bienestar como si los últimos cuatro años no estuvieran en el calendario. Como si los datos no hablaran. Como si la gente no tuviera memoria.
Pero los datos sí existen. Y la memoria también.
Hay una cifra que debería avergonzar a cualquier sector político que aspire a ser tomado en serio: -30.682. Ese es el saldo neto en creación de empleo formal que dejó el gobierno de Gabriel Boric al término de su mandato. No es una proyección. No es una estimación de un think tank hostil. Es el cambio en el número de cotizantes dependientes desde marzo de 2022 hasta marzo de 2026, la misma metodología aplicada a todos los gobiernos anteriores. El mismo rasero, la misma regla, el mismo termómetro. Y el resultado es el único negativo de toda la serie: mientras Bachelet I sumó 808.506 empleos formales, Piñera I agregó 821.276, Bachelet II incorporó 420.361 y Piñera II -pese a la pandemia- logró un saldo positivo de 545.225 cotizantes, el Frente Amplio terminó su ciclo destruyendo empleo formal neto. Sin pandemia. Sin crisis financiera global. Sin excusa estructural que no sea la de sus propias políticas.
Eso no es un tropiezo. Es un fracaso programático.
En ese contexto es donde hay que situar la figura de Jeannette Jara, ex candidata presidencial de la izquierda y ayer ministra del Trabajo que produjo ese registro histórico. Porque lo que resulta verdaderamente insólito no es que Jara y los suyos haya tenido ambiciones presidenciales -eso es perfectamente legítimo en democracia- sino que lo haya hecho enarbolando precisamente el empleo y los derechos laborales como sus banderas de campaña. Que quien presidió el Ministerio del Trabajo durante el período en que Chile destruyó empleo formal neto se haya presentado como la voz autorizada para decirle al país cómo se crean puestos de trabajo es una acción que requiere de una dosis casi clínica de desvergüenza.
Si quedaba alguna duda, los datos del primer trimestre de 2026 llegaron a despejarla. Los últimos tres meses de la administración Boric en La Moneda, el período en que cualquier gobierno se supone debe estar cosechando los frutos de cuatro años de gestión, mostraron un mercado laboral que no sólo no despegó, sino que continuó estancado. Las cifras de desempleo de ese trimestre no son la herencia de otro gobierno: son el producto final, el balance de cierre, la última línea del estado de resultados de un proyecto político que llegó al poder prometiendo transformación y dejó el mercado del trabajo en peores condiciones de las que encontró.
Es el epitafio más elocuente que podría escribirse sobre una administración: cuatro años de gobierno, con mayoría parlamentaria inicial, con recursos fiscales, con un ciclo internacional que no fue particularmente adverso, y el saldo es negativo. Treinta mil empleos formales destruidos. No creados a un ritmo insuficiente. Destruidos.
La izquierda chilena tiene todo el derecho del mundo a criticar las políticas del gobierno de Kast. Eso es la democracia, y sería empobrecedor que no hubiera una oposición vigorosa. Pero la autoridad moral y técnica para hacerlo se gana con resultados, y esa autoridad, en materia de empleo, la izquierda la dilapidó entre 2022 y 2026 con una eficacia que sus propias políticas de creación de trabajo nunca alcanzaron.
Cuando una coalición con estos resultados sale a cuestionar medidas de flexibilización laboral, de incentivos a la inversión o de reducción de trámites para contratar, lo mínimo que se puede pedir es que explique primero por qué su receta no funcionó. Que rinda cuentas de los -30.682. Que les diga a las trabajadoras -porque las más golpeadas por la precariedad laboral durante ese período fueron las mujeres, especialmente en el empleo formal dependiente- por qué las promesas de mayor protección derivaron en menor empleo.
Esa explicación no ha llegado. En su lugar hay descalificaciones, alertas sobre el supuesto desmantelamiento del Estado y advertencias sobre los riesgos de las políticas del gobierno. Todo ello pronunciado desde un púlpito que la aritmética simple hace insostenible.
La izquierda padece un vicio intelectual que tiene consecuencias muy concretas sobre la vida de la gente: confundir sistemáticamente la bondad de las intenciones con la calidad de los resultados. Se puede ser (o intentar parecerlo) profundamente comprometido con los trabajadores, genuinamente indignado por la desigualdad y sinceramente convencido de que el Estado debe proteger a los más vulnerables, y aun así diseñar políticas que producen exactamente lo contrario de lo que se busca. Encarece el trabajo y habrá menos trabajo. Genera incertidumbre regulatoria y la inversión se retrae. Hostiliza al empleador y el empleador contrata menos. Estas no son verdades de derecha: son relaciones causales que los datos chilenos, gobierno tras gobierno, confirman con una consistencia que debería obligar a una revisión honesta.
Chile merece una oposición seria. Merece un debate económico de altura, con argumentos sólidos, con evidencia y con propuestas que hayan sido sometidas al escrutinio de la realidad. Lo que no merece -lo que ninguna democracia merece- es que quienes fallaron de manera documentada y medible en la tarea más básica de un gobierno en materia económica, que es generar las condiciones para que la gente trabaje, se presenten ahora como los guardianes del bienestar laboral.
Los números no tienen ideología. No les importa si el gobierno que los produjo tenía buenas intenciones o malos asesores, si el contexto fue adverso o si las reformas eran necesarias en abstracto. Los números registran lo que ocurrió. Y lo que ocurrió entre 2022 y 2026, en materia de empleo formal en Chile, es el peor desempeño de los últimos veinte años de historia democrática del país.
Eso no se comenta. Eso se explica. Y mientras esa explicación no llegue, la izquierda no tiene autoridad moral ni técnica para darle lecciones de empleo o de economía a nadie.
