En septiembre, más de 17 mil haitianos fueron detenidos mientras cruzaban el Río Bravo en Texas, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
Sin embargo, en el mes de octubre fueron mil los migrantes haitianos privados de libertad por cruzar de manera ilegal al país norteamericano.
El gobierno estadounidense activó políticas de expulsión por la vía rápida y comenzó a enviar hasta siete vuelos de migrantes al día de regreso a Haití, por lo que el número de haitianos que intentan cruzar la frontera se redujo en más del 90%.
“La administración Biden ha girado hacia una posición clara y definida sobre cómo tratará la llegada de migrantes haitianos. Al apoyarse en gran medida en las expulsiones, la gente lo piensa dos veces”, señaló Cris Ramon, analista de políticas de inmigración al medio The Washington Post.
En medio del aumento de indocumentados que buscan ingresar a Estados Unidos, la administración de Joe Biden ha utilizado una política de inmigración de la era Trump que permite deportaciones aceleradas sin seguir el proceso normal de asilo, con el pretexto de proteger la salud pública durante el coronavirus.
Relatores de Naciones Unidas advirtieron que Estados Unidos está violando el Derecho Internacional con las expulsiones colectivas de migrantes haitianos.
“Al acelerar la expulsión colectiva de los migrantes haitianos, Estados Unidos está sometiendo a un grupo de migrantes predominantemente negros a riesgos inadmisibles de devolución y de abuso de los Derechos Humanos sin ninguna evaluación individualizada”, indicaron desde la ONU.
En esa misma línea, los expertos recordaron al Gobierno de Joe Biden que el Derecho Internacional prohíbe las expulsiones arbitrarias o colectivas. “Los Estados no pueden etiquetar a todos los migrantes de una determinada nacionalidad como amenazas para la seguridad nacional, y todos los migrantes, independientemente de su nacionalidad, raza o estatus migratorio, deben tener garantizadas las protecciones que exige el Derecho Internacional”.
