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3 de Febrero de 2022

Dictadura de Ortega ordena el cierre de todas las universidades opositoras

Con ello, aumentan a 80 las entidades educacionales obligadas a dejar de funcionar desde que estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua en abril de 2018.

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Según el régimen, “el cierre fue aplicado porque las instituciones han incumplido con la entrega de los informes financieros". AGENCIA UNO / ARCHIVO
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La dictadura de Nicaragua cerró 14 universidades y ONG opositoras a Daniel Ortega, líder del régimen.

La Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, canceló los permisos de operación de los establecimientos que eran centros de reunión en las manifestaciones pasadas y que exigían el fin del mandato del ex guerrillero sandinista.

Entre las universidades que fueron canceladas por el Parlamento se encuentra la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (Uneh), Universidad Popular de Nicaragua (Uponic), y Universidad Paulo Freire (UPF).

Según indicó el régimen a través de un comunicado, “el cierre de las universidades y las ONG fue aplicado porque las instituciones han incumplido con la entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro”.

“Sin los reportes correspondientes, la autoridad no puede identificar quién es su representante y sus asociados, lo que viola la ley”, agregaron.

Sin embargo, autoridades de las universidades afectadas afirmaron que la documentación estaba en orden y que esta es una decisión arbitraria por parte del dictador.

Ortega “pretende ahogar cualquier expresión académica que esté fuera de su control, poniendo en riesgo el futuro de la educación y de los alumnos de estas universidades”, señaló Alexa Zamora, dirigente del movimiento opositor Unidad Nacional Azul y Blanco,

Con el cierre de estas universidades, aumentan a 80 las entidades educacionales obligadas a dejar de funcionar desde que estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua en abril de 2018, que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dejó 355 personas muertas. 

 
 
 

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