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Cómo Glasgow y Medellín redujeron sus índices de delincuencia juvenil y qué podría estar fallando en Chile

El caso de Alejandro Águila reabrió al conversación sobre el endurecimiento de las sanciones para adolescentes que cometen delitos graves. EL DÍNAMO revisó dos estrategias internacionales que lograron reducir la delincuencia juvenil que combinan la persecución penal y la prevención.

La delincuencia juvenil volvió al debate nacional tras el homicidio de Alejandro Águila Jorquera, un niño de 12 años que fue víctima junto a su familia de una encerrona en San Bernardo a fines de junio. Dos de los seis integrantes de la banda delictiva implicada en el asalto son menores de edad y el resto no supera los 23 años. De hecho, el conductor del vehículo robado, a quien se le atribuye directamente la muerte de Alejandro pues dejó que éste fuera arrastrado por el automóvil, tiene 17 años.

Hasta ahora, a nivel legislativo dos iniciativas toman clara inspiración de este trágico caso. La primera es promovida por la familia del niño bajo el nombre “Ley Alejandro” y pretende establecer condenas efectivas y sin beneficios a aquellos que cometan delitos en grupo, sin importar si son menores de edad. Aun cuando el Gobierno comprometió apoyo a esta iniciativa y el presidente José Antonio Kast se reunirá con la familia tras su gira en Paraguay y Uruguay, el Ejecutivo alista la puesta en marcha de otro proyecto de ley.

Según anunció el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau (Partido Republicano), se trata de un proyecto de ley del senador Andrés Longton, hoy en su segundo trámite constitucional, al que el Ejecutivo pretende incorporar modificaciones. Una de ellas permite que adolescentes de entre 16 y 17 años sean juzgados como adultos si incurren en uno de 17 delitos considerados graves, como secuestro, homicidio o robo con homicidio. Este último es el ilícito por el que los imputados por la muerte de Alejandro se encuentran en prisión preventiva o internación provisoria, en el caso de los involucrados que tienen 17.

El ministro de Seguridad Pública Martín Arrau.

A juicio de María José del Solar, coordinadora de investigación del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, es importante “pedir cautela en la discusión legislativa”.

“Por una parte, porque efectivamente la evidencia criminológica respecto de la delincuencia juvenil ha planteado reparos en torno al impacto negativo que tiene el contacto temprano de adolescentes con los sistemas de justicia penal (…) Por otra parte, Chile se encuentra todavía en un proceso de implementación del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, pero además de las modificaciones que supuso dicha ley respecto del sistema de justicia penal adolescente”, advierte. Del Solar puntualiza que algunos de estos cambios incorporan la justicia restaurativa en la mediación penal y otros, como el expediente único deberían permitir avanzar en la efectividad de las intervenciones.

La investigadora María José del Solar.

Glasgow, Escocia

A inicios de los 2000, cuando se consideraba a Escocia “la capital europea de los asesinatos”, la policía comenzó a organizar sesiones para reunir cara a cara a los pandilleros juveniles con familias víctimas de la delincuencia juvenil o de homicidios. De casi 500 jóvenes que estuvieron en esas sesiones, cerca de 400 llamaron al número que se les proporcionó por si querían poner fin a su carrera delictiva, detalla la BBC.

Acciones como ésta provenían de la Unidad Escocesa para la Reducción de la Violencia (SRVU, por sus siglas en inglés), una facción de la policía local, a la que se le atribuyó la implementación de un enfoque que trataba la violencia como un problema de salud pública y que logró reducir un 56% los homicidios en Glasgow, su ciudad más poblada, y un 36% en todo el país en la década siguiente.

Imagen referencial.

El enfoque en cuestión trataba la violencia como una enfermedad que se podía prevenir y curar. Algunas de sus medidas incluyeron, por ejemplo, trabajar con la red pública para derivar a centros de ayuda a las personas que mostraran signos de haber sufrido violencia, pues tenían mayor riesgo de incurrir en ella. También se implementaron más restricciones para que las escuelas no expulsaran a niños, debido a que la deserción escolar aumenta la probabilidad de delinquir.

Pese a que el modelo escocés ha recibido elogios y exportado a otros países vecinos, aún enfrenta desafíos. Un estudio de 2024 advierte que la reducción de la violencia grave se ha desacelerado y atribuye como una de las razones la falta de espacios seguros para jóvenes en sitios comunitarios y digitales.

Medellín, Colombia

En la última década, la ciudad de Medellín anotó las tasas de homicidio más bajas de Colombia y de su propia historia, luego de que los rankings internacionales la catalogaran en los 90 como la ciudad más violenta del mundo. De acuerdo con cifras del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia recogidas por el medio El Tiempo, la tasa de homicidios se ubicó en un 4,19 cuando la tasa nacional se sitúa en 25,9.

Entre los cambios más recientes que se han implementado se encuentran importantes inversiones en tecnología —se aumentó un 54% la inversión en seguridad—, la implementación del primer sistema automatizado de despacho de drones para emergencia, más estaciones de policía y recursos a la fiscalía.

Programa Parceros de Medellín.

En paralelo, la estrategia se ha centrado en los jóvenes. Uno de los programas más reconocidos lleva el nombre de “Parceros” y se dirige a aquellos niños, niñas y adolescentes que ya están siendo instrumentalizados o están en riesgo de serlo por parte de los grupos delictivos organizados o redes de explotación sexual.

El programa ofrece intervenciones psicosociales, acompañamiento permanente, orientación vocacional, oportunidades educativas y de formación para el empleo, además de indumentaria. Según apunta El Colombiano, el programa ha beneficiado a cerca de 12 mil personas. Cifras manejadas por la alcaldía dan cuenta de que más del 80% fortaleció sus habilidades de toma decisiones y resolución pacífica de conflictos y que cerca del 60% logró insertarse en procesos educativos o laborales. En los últimos dos años ha sido galardonado entre experiencias internacionales de prevención del delito.

¿Qué puede estar fallando en Chile?

Si bien la especialista del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana destaca que el modelo chileno “ha avanzado en el establecimiento de una institucionalidad y una normativa que evoca la idea de un sistema integral de garantías”, advierte que aún existen problemas de desarticulación en términos programáticos.

“Existen programas e iniciativas asociadas a la prevención del delito, donde se destaca particularmente el Sistema Lazos, que ha evolucionado y se ha expandido en su cobertura, teniendo hoy día presencia en todas las regiones del país, aunque no en todas las comunas”, detalla aludiendo al programa de intervención especializada de tutores, así como de niños y adolescentes entre 10 y 17 años.

En ese sentido, del Solar advierte que hay otros programas que si bien no tienen como fin la prevención del delito, contribuyen a este objetivo, como aquellos que fortalecen las capacidades parentales para evitar el consumo problemático de sustancias. “Un desafío que enfrenta hoy día el Estado chileno tiene que ver con avanzar hacia una estrategia transversal e intersectorial en la prevención del delito, tanto en su prevención primaria como también respecto de la prevención terciaria”, afirma.

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