Mapuches llegan hasta la Corte de La Haya para pedir arbitraje contra el Estado de Chile
El juez español Baltazar Garzón fue propuesto para que los represente para enfrentar el proceso en el tribunal internacional.
Por Luis Rivera
Los representantes de las organizaciones mapuche que llegaron hasta la Corte Internacional de La Haya. IMADESC
La Comisión Mapuche de Derechos Humanos y la Comisión Kimche Defensores de Wallmapu (CKDDW) tomaron la decisión de presentar una petición de arbitraje al Estado de Chile ante la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya, proponiendo como juez árbitro internacional en representación del pueblo mapuche al juez español Baltasar Garzón.
Esta acción judicial en Países Bajos se concretó argumentando que “la usurpación histórica de nuestros territorios sagrados ancestrales, que ha sido y sigue siendo contraria al derecho nacional e internacional, que infringe los tratados vigentes suscritos por la corona española y luego por el Estado de Chile, que han sido indebidamente entregados a empresas extractivistas que están produciendo desertificación, sequías, incendios y contaminación, lo cual violenta los derechos de la naturaleza y la dignidad de las personas, así como la progresiva y sistemática extinción de nuestra cultura”.
Una de las medidas que cuestionan los representantes mapuche que llegaron a la Corte Internacional de La Haya tiene que ver con el Estado de Excepción que rige en la Macrozona Sur y que ha sido extendido por 19 veces consecutivas. Esta medida constitucional fue apoyado con amplio respaldo en la Cámara de Diputados y aplica para toda la Región de La Araucanía y para las provincias de Arauco y del Biobío.
“A la fecha de presentación de esta petición en el Gulumapu rige un Estado de Excepción constitucional que permite la militarización de nuestros territorios y la suspensión de la protección de varios de nuestros derechos humanos”, explicaron.
Ley Antiterrorista
Otra de las materias que se presentaron en la petición de arbitraje fue el cuestionamiento a la Ley Antiterrorista que se mantiene vigente en el país. Desde estas organizaciones argumentan que “sólo se aplica al mapuche”.
“La respuesta de todos los gobiernos de la post dictadura, del signo político que sean, la criminalización de la protesta social Mapuche, la militarización, la violencia policial y militar, así como de cuerpos privados de seguridad contratados para defender los intereses privados de latifundistas. Hoy padecemos hostigamiento, allanamientos, detenciones, denuncias falsas, operaciones policiales falsas para incriminarnos, e incluso tortura y muerte”, expusieron.
