Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil, será juzgado por cargos vinculados a una presunta conspiración para anular los resultados electorales de 2022 tras caer derrotado. Así lo determinó el Tribunal Supremo de dicho país durante esta jornada. Bolsonaro es una de las 34 personas acusadas el mes pasado de cinco delitos, incluyendo el intento de golpe de Estado.
La conspiración golpista, según indicó la fiscalía brasileña, implicaba un plan para eventualmente asesinar al presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, su vicepresidente y a un ministro del Tribunal Supremo. Al respecto, Bolsonaro negó dichas acusaciones.
Tres integrantes de un panel de cinco jueces votaron a favor de enjuiciar a ocho acusados, consiguiendo mayoría simple. Entre ellos, incluyendo a Bolsonaro, estaba su candidato a la vicepresidencia junto a otros líderes políticos y militares. El caso está siendo supervisado por el juez Alexandre de Moraes, quien proyectó imágenes de seguidores del ex mandatario asaltando edificios del gobierno en violentas escenas.
Los descargos de Bolsonaro
“Todo el mundo dice que el proceso concluirá a finales de 2025, aunque no hay precedentes de tanta rapidez en un caso de esta dimensión. ¿Y por qué? Porque todos saben que lo que está ocurriendo es, en realidad, una especie de atentado jurídico contra la democracia: un juicio político, conducido de forma parcial, sesgada y abiertamente injusta por un ponente completamente comprometido y sospechoso, cuyo objetivo es vengarse, deteniéndome y eliminándome de las urnas“, escribió Bolsonaro en su cuenta de X al respecto.
Los dardos del Jair Bolsonaro fueron directos a de Moraes, que fue el primero en votar a favor de aceptar los cargos en su totalidad, incluyendo el intento de golpe de Estado.
El también capitán en retiro del Ejército insistió finalmente en que se presentará nuevamente a las elecciones presidenciales el año que viene en Brasil. El anuncio de Bolsonaro obvió una sentencia del Tribunal Superior Electoral de Brasil que le prohíbe presentarse a cargos públicos hasta 2030 en su afán de desacreditar el sistema de votación del país.
