Diez días han pasado desde que abrió sus puertas Alligator Alcatraz, el centro de detención de inmigrantes ilegales rodeado de caimanes y cocodrilos, donde los primeros testimonios sobre su funcionamiento comienzan a ver la luz. Falta de servicios básicos, presencia de mosquitos y condiciones inhumanas han sido parte de las denuncias que han realizado los propios internos.
Vladimir Miranda, migrante cubano de 32 años, dio cuenta de los constantes fallos eléctricos que presenta el recinto levantado con tiendas de campaña. “Ahora mismo, los generadores aparentemente no aguantan y la electricidad se está yendo“, contó en diálogo con Telemundo 51. Las fallas afectan el acceso al agua, la operatividad de los teléfonos y los sistemas de aire acondicionado: “Estamos aquí sudando“.
Su pareja, Eveling Ortiz, entregó más detalles de la denuncia a NBC News 6: “Las condiciones por las que están pasando son horribles. No tienen agua, no pueden usar el baño adecuadamente, no se están bañando“. Asimismo, añadió que no ha tenido acceso a abogados especialistas en inmigración, situaciones que han tenido que enfrentar el resto de privados de libertad.
Uno de los casos más críticos es el dado a conocer por La W Radio de Colombia, donde uno de sus coterráneos, identificado como Juan Pablo Jaramillo, lleva días sin recibir medicamentos que debe consumir dos veces al día por una condición médica crítica: “Estoy al borde de perder la cabeza“.
“No le están dando medicinas a la gente que tiene problemas de salud. No tenemos acceso al agua. No podemos salir a la yarda a tener recreación. Me quitaron la Biblia y dijeron que aquí no hay derecho a la religión. Mi Biblia es lo único que me mantiene con fe, y ahora la estoy perdiendo”, añadió Jaramillo.
Entre otros testimonios de Alligator Alcatraz, hay denuncias por recibir comida una vez al día y que algunas incluso tienen gusanos. Además acusan de que no se les hace frente a las temperaturas altas del día y las extremadamente frías de noche.
Las respuestas y medidas de las autoridades
La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, envió una carta al fiscal general de Florida, James Uthmeier, pidiendo acceso y monitoreo al sitio. La petición la realizó debido a que si bien el centro fue construido en los humedales de los Everglades, terrenos pertenecientes al condado, es actualmente gestionado por el estado.
De la misma manera, la alcaldesa exigió informes semanales sobre las condiciones, así como acceso remoto a cámaras de vigilancia y visitas programadas de un equipo independiente de supervisión para garantizar el cumplimiento normal del lugar y la seguridad de los detenidos. También se planea evaluar los posibles impactos ambientales.
Por su parte y ante las acusaciones, la subdirectora de comunicaciones de la División de Manejo de Emergencias de Florida, Stephanie Hartman, negó los malos tratos que reclaman los reclusos. “La información sobre las condiciones de la instalación es completamente falsa. El centro cumple con todas las normativas requeridas y está en buen estado“, indicó a través de un comunicado entregado a NBC South Florida.
Los testimonios provocaron que la Coalición de Inmigración de Florida solicitara a la alcaldesa de Miami-Dade iniciar una acción legal contra el estado en busca del cierre del centro de detención.
