El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este martes el estado de excepción en siete provincias del país, ante el aumento de protestas y bloqueos liderados por transportistas que rechazan la eliminación del subsidio al diésel.
La medida, que regirá durante 60 días en Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo, restringe el derecho a la libertad de reunión, aunque mantiene la libre circulación. Además, autoriza la presencia de las Fuerzas Armadas en puntos estratégicos para garantizar la seguridad y prevenir actos de violencia.
“La violencia y los intentos de desestabilización no serán tolerados“, advirtió la ministra de Gobierno de Ecuador, Zaida Rovira, ante las protestas. No obstante, aseguró que el Ejecutivo “respeta el derecho a la protesta pacífica“, aunque tomará acciones contra quienes “vulneren la ley”.
El lunes, transportistas bloquearon varias vías del país, generando congestión y afectando el abastecimiento. Algunas de estas rutas fueron despejadas horas después por la policía, sin registrarse víctimas. Este martes, la carretera Panamericana Norte, en el ingreso a Quito, amaneció obstruida con piedras y montículos de tierra.
Rovira señaló que el gobierno ha sostenido mesas de diálogo con los transportistas, aunque denunció que “la estrategia de algunos ha sido generar caos y paralizar servicios públicos“. En ese sentido, afirmó: “La respuesta del Estado siempre será el diálogo, pero no permitiremos que se juegue con la integridad de los ecuatorianos“.
El Ejecutivo justificó la eliminación del subsidio alegando que representaba “una carga” fiscal y que buena parte de los recursos eran desviados al contrabando o a la minería ilegal. Sin embargo, sectores sociales, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), denunciaron un nuevo “paquetazo neoliberal” que, aseguran, “encarecerá de inmediato la canasta básica” y afectará a “los sectores más pobres“.
En respuesta, el gobierno anunció medidas compensatorias, incluyendo bonos para 55.000 nuevas familias, devolución de IVA a adultos mayores y pagos mensuales de entre 400 y 1.000 dólares para 23.300 conductores de transporte público.
