El Parlamento de Grecia aprobó una controvertida reforma laboral impulsada por el gobierno conservador del primer ministro Kyriakos Mitsotakis, que permite extender la jornada laboral en el sector privado hasta un máximo de 13 horas diarias. La medida, defendida como “opcional” y temporal, ha generado un fuerte rechazo de sindicatos y partidos de oposición.
La reforma fue aprobada únicamente con los votos del partido gobernante, Nueva Democracia, que cuenta con mayoría absoluta. Toda la oposición votó en contra, a excepción de Syriza, que decidió retirarse del hemiciclo como gesto de rechazo. “No legalizaremos con nuestro voto esta ley monstruosa”, afirmó la formación izquierdista.
Durante el debate parlamentario, la ministra de Trabajo, Niki Kerameos, defendió la iniciativa como una herramienta para dinamizar el empleo y dar mayor flexibilidad al mercado. “Debemos facilitar el desarrollo empresarial porque sin empresas no se crean puestos de trabajo y sin empresas este país nunca vivirá desarrollo“, afirmó.
Kerameos explicó que la jornada de 13 horas podrá aplicarse solo 37 días al año, con un máximo de 48 horas semanales y 150 horas extra anuales. Además, aseguró que “se prohíbe explícitamente que el empleador te obligue, te despida, o te discrimine de cualquier forma” si el trabajador se niega a realizar las horas adicionales. Trabajar las 13 horas contará con una bonificación del 40%.
No obstante, los sindicatos consideran que la supuesta voluntariedad es “una mentira”, argumentando que, ante la debilidad de la negociación laboral en Grecia, muchos empleados no tienen más opción que aceptar condiciones impuestas por los empleadores.
El país vivió dos huelgas generales este mes, convocadas por los principales sindicatos, ADEDY y GSEE, para exigir la retirada del proyecto. Desde julio de 2024, otra reforma ya permite a ciertos sectores trabajar seis días a la semana, lo que ha hecho de Grecia uno de los países con mayor carga laboral de Europa, aunque, de acuerdo a Eurostat, con baja productividad y el segundo menor poder adquisitivo en la UE.
