El presidente Donald Trump presentará una demanda administrativa al Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) para exigir una compensación cercana a los 230 millones de dólares por las investigaciones federales que lo involucraron. Se trata de un caso sin precedentes en la historia del país norteamericano.
De acuerdo a la información revelada por The New York Times, cualquier eventual acuerdo deberá ser aprobado por altos funcionarios del propio Departamento, varios de los cuales han trabajado previamente como abogados de Trump, generando así un conflicto de interés inédito en la Casa Blanca.
Por primera vez en la historia un mandatario en funciones exige dinero al mismo gobierno que lidera, por actuaciones judiciales ocurridas antes de asumir el cargo. Según el Times, Trump presentó su primera queja a fines de 2023, alegando violaciones a sus derechos durante las pesquisas del FBI y del fiscal especial sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016.
Una segunda reclamación, presentada en 2024, acusa al FBI de vulnerar su privacidad al allanar su residencia de Mar-a-Lago en 2022 y al Departamento de Justicia de “persecución maliciosa” por imputarlo por manejo indebido de documentos clasificados.
“El conflicto ético es tan básico y fundamental que no se necesita un profesor de derecho para explicarlo“, declaró al citado medio Bennett L. Gershman, especialista en ética de la Universidad Pace. “Es casi demasiado extravagante para creer“, añadió.
El propio Trump pareció reconocer la contradicción durante un acto en el Salón Oval la semana pasada, cuando comentó: “Tengo una demanda que iba muy bien, y cuando me convertí en presidente dije: estoy demandándome a mí mismo. No sé cómo resolverlo, porque parece que me estoy demandando, ¿verdad?“.
De acuerdo con la normativa interna del DOJ, las reclamaciones que superan los 4 millones de dólares deben ser aprobadas por el vicefiscal general o el jefe de la división civil. Actualmente, esos cargos están ocupados por Todd Blanche y Stanley Woodward Jr., ambos ex abogados de Trump o de sus colaboradores cercanos, lo que refuerza las dudas sobre la imparcialidad del proceso.
Un portavoz del Departamento en diálogo con el Times aseguró que “todos los funcionarios siguen la orientación de los asesores de ética de carrera“. Sin embargo, en julio de este año, la fiscal general, Pam Bondi, despidió al principal asesor que ocupaba dicho puesto, abriendo el debate sobre la independencia del sistema judicial estadounidense.
