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Javier Milei autoriza a civiles la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos tras más de tres décadas de prohibición

La restricción inicialmente había sido impuesta en la década de 1990 bajo el mandato de Carlos Menem.

El Gobierno del presidente Javier Milei oficializó una medida que marca un giro significativo en la política de control de armas en Argentina: a partir de esta semana, los civiles podrán comprar y poseer fusiles semiautomáticos, una práctica prohibida desde la década de 1990.

La resolución, publicada el martes en el Boletín Oficial, sustituye la restricción impuesta durante el mandato de Carlos Menem, que solo permitía el acceso a estos armamentos con autorización del Ministerio de Defensa. El nuevo régimen amplía las categorías de usuarios de armas de fuego de uso civil y habilita a las entidades de tiro a adquirir o conservar fusiles, carabinas y subametralladoras de asalto derivadas de modelos militares.

El texto establece un conjunto de requisitos para los solicitantes. Quienes deseen obtener la autorización deberán identificar con precisión el arma y disponer de un Sector de Guarda tipo G2, un sistema de almacenamiento seguro aprobado por el Registro Nacional de Armas (RENAR). También deberán presentar una declaración jurada en la que detallen los fundamentos de la solicitud, junto con documentación y fotografías del material.

La decisión se alinea con las posturas que el mandatario ha expresado en reiteradas oportunidades. Milei ha defendido públicamente el derecho de los ciudadanos a portar armas y, durante su campaña electoral, prometió flexibilizar las regulaciones para el acceso de civiles a fusiles y otro tipo de armas, inspirándose en el modelo estadounidense.

En diciembre de 2024, el mandatario ya había reducido la edad mínima para tramitar la credencial de legítimo usuario de armas a 18 años, documento indispensable para solicitar la tenencia.

De acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles, correspondientes a 2024, existen 185.535 personas con credencial de legítimo usuario en Argentina, la mayoría de ellas hombres. Con esta reforma, el Ejecutivo avanza un paso más en su política de liberalización del acceso a las armas, en un país donde el debate sobre la seguridad y el control estatal de los armamentos vuelve a ocupar el centro de la discusión pública.

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