Casi 3.000 padres, tutores y posibles cuidadores de niños inmigrantes han sido arrestados este año en Estados Unidos, según datos federales revisados por CNN. Se trata de una nueva arista en la crisis de la seguridad migrante: detrás de cada detención hay un menor que esperaba reunirse con un adulto de confianza y que, en cambio, queda atrapado en la burocracia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), un sistema cada vez más restrictivo.
Los niños no acompañados llevan años llegando solos como inmigrantes a la frontera sur, en muchos casos huyendo de violencia o precariedad extrema. Durante el periodo de Joe Biden la cifra alcanzó niveles inéditos, saturando los recursos federales. La respuesta de la administración de Donald Trump, en cambio, ha sido generar una ofensiva contra los adultos que intentan hacerse responsable de los menores.
Según organizaciones que trabajan con menores migrantes, cada arresto reabre una herida en los menores que habían comenzado un proceso de reunificación, ya que vuelven al punto de partida, sin un hogar al que ser enviados y con un futuro más incierto.
Los operativos que afectan a los niños inmigrantes en Estados Unidos
Dos operativos federales, desplegados este año y no revelados inicialmente, han tenido un efecto devastador. En muchos casos, los adultos detenidos son los propios familiares que los niños esperan para salir de los centros de detención.
La presión aumentó esta semana, cuando ICE inició una nueva iniciativa para realizar verificaciones de bienestar en colaboración con fuerzas estatales y locales. Aunque su objetivo formal es revisar las condiciones en que viven los menores, la operación ha derivado en detenciones de patrocinadores, incluso cuando no tienen antecedentes delictivos y su único delito es vivir indocumentados.
Una segunda operación, aún más agresiva, autoriza a agentes de Seguridad Nacional a arrestar a cuidadores que recurrieron a un contrabandista para traer a los menores o que no pueden demostrar estatus legal. En algunos casos, se estudia presentar cargos como contrabando. El resultado es que los niños vuelven a custodia federal o quedan sin un adulto disponible para recibirlos.
El impacto sobre los menores es profundo. En septiembre, el HHS logró entregar solo 118 niños a patrocinadores, frente a los más de 5.000 mensuales registrados al final del Gobierno de Biden. El tiempo bajo custodia se ha más que duplicado, mientras el temor a ser arrestados disuade a muchos padres de iniciar el proceso de reunificación.
Defensores de derechos de la infancia advierten que la combinación de detenciones masivas, escrutinio extremo y nuevos requisitos está separando todavía más a las familias y colocando a los menores —la población más vulnerable del sistema migratorio— en un limbo emocional y legal que no los dejaría progresar a una mejor vida.
