El Gobierno de Javier Milei se prepara para enviar al Congreso su proyecto de reforma integral del Código Penal con polémica: la eliminación de la figura de femicidio como agravante.
La iniciativa será tratada después del 10 de diciembre, en sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo, y plantea modificaciones de amplio alcance que ya generan debate político y social.
La saliente ministra de Seguridad, Patricia Bullrich —quien dejó su cargo para asumir como senadora— confirmó la eliminación de la figura durante una conferencia de prensa realizada el lunes junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Consultada sobre el tema, señaló que es uno de los asuntos que “está en debate“.
Bullrich explicó además que el proyecto busca “dar vuelta la realidad de cuáles eran los más favorecidos por el Código“. En sus palabras: “Los más favorecidos eran los delincuentes, los violadores y los asesinos. A partir de ahora, los favorecidos van a ser la sociedad en su conjunto y las víctimas“.
Bullrich también defendió la propuesta como un intento por mejorar el funcionamiento del sistema judicial: “El otro objetivo fundamental es el proceso de hacer que la justicia llegue a tiempo, que las condenas no las sienta la sociedad como insuficientes, que haya cumplimiento efectivo de las penas y no que nos encontremos a la vuelta de la esquina con delincuentes que deberían de estar presos y vuelven a delinquir“.
Gobierno de Milei estudia eliminar la figura de femicidio
Según fuentes gubernamentales citadas por TN, la eventual supresión de la figura de femicidio “está en estudio“, aunque remarcan que cualquier cambio no tendrá efectos retroactivos sobre condenas ya firmes.
La discusión no es nueva. El presidente Javier Milei ya había cuestionado este agravante en su exposición ante el Foro Económico Mundial, cuando afirmó que “si uno mata a una mujer se llama femicidio y eso conlleva una pena más grande que si uno mata a un hombre, solo por el sexo de la víctima“.
El proyecto también incluye un listado ampliado de delitos imprescriptibles —como homicidio agravado, trata de personas, secuestros extorsivos, terrorismo y narcotráfico— y analiza incorporar la corrupción, lo que impediría además que funcionarios condenados mantengan jubilaciones de privilegio.
