El ex presidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido este miércoles por la tarde por fuerzas de seguridad en cumplimiento de una orden de la Fiscalía vinculada al caso de corrupción del Fondo Indígena. La ex ministra de la Presidencia, María Nela Prada, confirmó el arresto, que marca un nuevo capítulo en uno de los escándalos más significativos de la historia reciente del país.
Arce figura entre los señalados por el presunto desvío de recursos públicos destinados a proyectos para comunidades indígenas y campesinas. El esquema irregular se habría originado durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019), cuando Arce ejercía como ministro de Economía. La investigación sostiene que autorizó transferencias estatales hacia cuentas personales, incluida la de la ex diputada Lidia Patty, hoy recluida en el penal de Obrajes.
El Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino administraba el 5% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos para financiar iniciativas productivas en áreas rurales. Entre 2006 y 2014 manejó más de 3.197 millones de bolivianos, unos 460 millones de dólares. Su directorio —integrado por varios ministerios, entre ellos el de Economía— buscaba reflejar la participación de organizaciones sociales afines al Movimiento al Socialismo (MAS), pero terminó consolidando un sistema con controles insuficientes y amplias facultades discrecionales.
Los antecedentes que terminaron con Luis Arce detenido
Las irregularidades salieron a la luz en 2015, cuando la Contraloría detectó 153 proyectos inconclusos o inexistentes que representaban un daño económico inicial de 71 millones de bolivianos.
Auditorías posteriores elevaron las observaciones a más de 1.000 proyectos y recalcularon el perjuicio en más de 182 millones de dólares. A ello se sumó un patrón de desembolsos sin respaldo técnico, transferencias a cuentas personales y aprobación de iniciativas sin documentación mínima.
El caso escaló tras la denuncia del entonces director ejecutivo del Fondo, Marco Antonio Aramayo, cuya posterior muerte bajo custodia estatal generó un debate nacional sobre responsabilidades institucionales. La imputación que hoy alcanza a Arce se centra en su actuación dentro del directorio y en las decisiones administrativas tomadas durante los años en que operó el esquema ilícito.
Su detención ocurre en un momento de profunda ruptura interna en el MAS, dividido desde 2023 entre los bloques de Evo Morales y del propio Arce. La ofensiva judicial intensifica esa fractura y reordena el tablero político boliviano en un escenario marcado por la incertidumbre y múltiples procesos abiertos por el manejo de fondos públicos durante la etapa de mayor hegemonía del Movimiento al Socialismo.
