Un memorando confidencial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, fechado el 23 de diciembre de 2025 y enviado al Consejo de Seguridad Nacional (NSC), concluyó que el presidente estadounidense estaba facultado para autorizar una operación militar limitada destinada a capturar a Nicolás Maduro en Venezuela.
El documento fue elaborado once días antes del operativo ejecutado en Caracas y sostuvo que, bajo ciertas condiciones, la acción no vulneraría ni la Constitución estadounidense ni el derecho internacional.
El informe fue preparado por la Oficina de Asesoría Legal (OLC) y antecedió a la captura de Maduro, ocurrida el 3 de enero. En su análisis, la OLC determinó que el mandatario contaba con base jurídica suficiente para ordenar el uso restringido de fuerzas militares con el objetivo de detener al líder venezolano y trasladarlo a Estados Unidos para su procesamiento judicial.
Según el texto, la operación no equivalía a una guerra en términos constitucionales, ya que “no todo uso de la fuerza militar constituye una guerra en el sentido constitucional”.
El memorando sostuvo que el presidente no requería autorización previa del Congreso para una intervención de este tipo, siempre que determinara que Maduro representaba una amenaza grave y directa a los intereses nacionales de Estados Unidos y que la acción respetara criterios de proporcionalidad y duración limitada.
Los detalles del documento confidencial que permitió legalmente la captura de Maduro
Entre los fundamentos centrales, la OLC subrayó que la intervención debía circunscribirse exclusivamente a la captura, sin ocupación territorial ni permanencia de tropas. El texto rechazó calificar automáticamente la acción como una violación inadmisible de la soberanía venezolana, enfatizando que “la operación debe estar diseñada para capturar a Maduro y no para matarlo”.
El informe argumentó que el mecanismo aplicable no sería la extradición, sino la “rendición extraordinaria”, amparada en el principio Ker-Frisbie, que permite juzgar en tribunales federales a personas capturadas por la fuerza fuera de Estados Unidos. La OLC basó su postura en acusaciones de narcotráfico, presuntos vínculos con las FARC y Hezbollah, y el endurecimiento represivo tras las elecciones de 2024.
El documento reconoció riesgos de escalada militar, represalias internacionales y costos políticos y diplomáticos. Aclaró que su análisis era estrictamente jurídico y no una recomendación de acción, advirtiendo: “Que el presidente pueda autorizar legalmente la operación no elimina las consecuencias políticas e internacionales sustanciales que podrían derivarse”. Once días después, Trump autorizó la captura y traslado de Maduro a Estados Unidos sin mediación internacional.
