El Gobierno de España aprobó una nueva ley destinada a regularizar alrededor de 500.000 inmigrantes que actualmente residen en el país indocumentados. La iniciativa busca otorgar seguridad jurídica y garantizar derechos básicos a una realidad social ya existente, según ha señalado la administración de Pedro Sánchez.
Podrán acogerse a la medida quienes se encontraran en territorio español antes del 31 de diciembre, carezcan de antecedentes penales y puedan acreditar al menos cinco meses de residencia ininterrumpida. Una vez superados estos requisitos, la administración competente dictará una resolución favorable y concederá una autorización de residencia por un año, para luego convertirse en una autorización ordinaria de residencia.
No obstante, el proceso no será inmediato. En una primera etapa, se otorgará una autorización provisional que permitirá a las personas beneficiarias trabajar legalmente y acceder a derechos fundamentales, entre ellos el sistema público de salud, mientras se completa la tramitación administrativa definitiva.
El Ejecutivo prevé que quienes cumplan las condiciones puedan iniciar los trámites de regularización entre principios de abril y el 30 de junio de este año. Además, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encabezado por Elma Saiz, se comprometió a resolver los expedientes en un plazo máximo de tres meses desde su presentación.
Las críticas de las policías de España sobre el nuevo estatus para inmigrantes indocumentados
La norma ha generado críticas por parte de asociaciones profesionales de la Policía Nacional, que ven la regularización masiva como un acto “irresponsable“.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) difundió un comunicado en el que califica la decisión de “absoluta irresponsabilidad”, al considerar que se plantea “sin refuerzo de plantillas, ni garantías operativas, trasladando toda la carga a la Policía Nacional y agravando la presión en fronteras y servicios ya saturados”.
Desde el sindicato aseguran que ni el Ministerio del Interior ni el de Migraciones han entregado instrucciones claras a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras sobre “cómo se va a garantizar la seguridad”, “quién va a asumir el control policial y con qué medios reales se pretende ejecutar” la medida.
“A día de hoy, no existe explicación alguna sobre quién verificará identidades, cómo se comprobarán antecedentes reales ni cómo se va a absorber una carga de trabajo que puede afectar a más de un millón de personas, en un cuerpo policial ya saturado”, señala el SUP.
Asimismo, advierten que “no tener antecedentes penales no significa no tener antecedentes policiales” y que una regularización masiva sin análisis individualizado puede suponer un riesgo desde el punto de vista de la seguridad pública.
