El presidente electo, José Antonio Kast manifestó su interés en visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel construida por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, como parte de su enfoque en políticas de seguridad y combate al crimen organizado.
El recinto, inaugurado en 2023, se ha convertido en el principal emblema de la estrategia de mano dura impulsada por el Ejecutivo salvadoreño contra las pandillas y ha sido presentado como un modelo de control penitenciario.
La visita de Kast a la cárcel ha generado debate debido a las críticas que pesan sobre el Cecot por las condiciones de reclusión y las denuncias de vulneraciones a los derechos humanos. Mientras que sectores afines destacan los resultados del plan de seguridad de Bukele en la reducción de la violencia, organizaciones internacionales y voces opositoras advierten sobre el carácter extremo del régimen carcelario, dotando la intención de Kast de un fuerte contenido político y simbólico.
El diario Folha recorrió durante dos horas el recinto penitenciario, que alberga a cerca de 20.000 reclusos, en su mayoría vinculados a pandillas, sometidos a un régimen de encierro severo.
Los internos permanecen confinados 23 horas y media al día en celdas sin acceso a luz natural. Duermen en camas metálicas sin colchón adecuado, almohadas ni ropa de cama, se alimentan sin utensilios y no tienen contacto con sus familiares. La luz artificial permanece encendida de manera permanente, sin interrupción.
Las celdas, pensadas para alojar a 80 personas, disponen únicamente de dos sanitarios y dos lavamanos. No existen espacios para recreación, patios ni exposición al sol. Las únicas actividades autorizadas son la lectura de la Biblia y sesiones diarias de ejercicios físicos que no superan los 30 minutos.
El director del penal, Belarmino García, sostiene que se trata de la primera cárcel que cumple con los estándares internacionales de derechos humanos. No obstante, ciudadanos venezolanos deportados desde Estados Unidos y posteriormente excarcelados denunciaron ante organizaciones humanitarias episodios de tortura, agresiones físicas y abusos sexuales, especialmente en áreas de aislamiento.
