Laura Fernández Delgado fue elegida este domingo como nueva presidenta de Costa Rica tras imponerse con holgura en las elecciones generales y evitar una segunda vuelta. La candidata del partido Pueblo Soberano, de centroderecha y heredero político del presidente saliente Rodrigo Chaves, obtuvo más del 48% de los votos, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Fernández superó a otros 19 aspirantes, entre ellos Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional, que quedó en segundo lugar con un 32%. Además, su fuerza política logró una mayoría clara en el Parlamento, al obtener 30 de los 57 escaños legislativos, un respaldo clave para la agenda del próximo gobierno centroamericano.
En su primer discurso tras confirmarse la victoria, la noche del domingo, Fernández prometió “presidir un gobierno de diálogo y concordia nacional, respetuoso y firme del Estado de derecho”, aunque mantuvo un tono duro frente a sectores de la oposición, a los que calificó como “obstruccionistas y saboteadores”.
La presidenta electa también reiteró su defensa de la “vida”, la familia y el libre mercado, y agradeció en varias ocasiones el respaldo de Rodrigo Chaves, quien la impulsó como su sucesora para el período 2026-2030.
Con 39 años, Fernández asumirá el cargo el próximo 8 de mayo y se convertirá en la segunda mujer en ocupar la presidencia costarricense, después de Laura Chinchilla (2010-2014).
La carrera política de Laura Fernández
Su llegada al poder se produce sin experiencia electoral previa, pero con un perfil técnico consolidado. Es politóloga formada en la Universidad de Costa Rica, con especialización en Políticas Públicas, y fue ministra de Planificación y ministra de la Presidencia durante el gobierno de Chaves, cargos a los que renunció para competir en los comicios.
Durante la campaña, Fernández se presentó como la “heredera” del mandatario saliente, un líder de estilo confrontativo que concluye su gestión con niveles de aprobación superiores al 50%, según encuestas citadas en el proceso electoral.
Aquel capital político le permitió construir un mensaje centrado en la continuidad, apoyado en los resultados económicos del actual gobierno —crecimiento, baja inflación, reducción del desempleo y de la pobreza— y en un discurso frontal contra la corrupción y el crimen organizado.
La seguridad será uno de los ejes de su administración, en un contexto marcado por el aumento de la violencia y el narcotráfico. Entre sus propuestas más controvertidas figura la posibilidad de declarar estados de excepción en zonas conflictivas, una iniciativa que ha generado fuertes críticas desde la oposición.
