“El Gobierno tiene que escoger: ¿gobierna por decreto o gobierna dialogando? Que lo elija”, advierte, Gastón Saavedra, senador PS por el Biobío y presidente de la Comisión de Economía del Senado, frente a la llegada de la megareforma al Senado. El PS rechazará la idea de legislar mientras el Ejecutivo mantenga los decretos de recorte, dice, y descarta que las declaraciones del ministro del Interior, Claudio Alvarado —quien aludió a una supuesta tutela del FA y el PC sobre el Socialismo Democrático— vayan a generar ningún descuelgue. En entrevista con EL DÍNAMO, el senador apunta los “problemas técnicos” del proyecto y advierte que, tal como está, carece de la legitimidad política necesaria para sostenerse en el tiempo.
— ¿Qué le parecieron las declaraciones del ministro del Interior, Claudio Alvarado, respecto a la supuesta tutela que tendría el Frente Amplio y el Partido Comunista sobre el Socialismo Democrático?
— Me parecen desacertadas. El ministro no tiene antecedentes para hacer ese tipo de afirmaciones y, además, si lo que busca es meter una cuña —lograr que reaccionemos y salgamos corriendo a los brazos del Gobierno—, se equivoca. Hay que estudiar más a fondo lo que está pasando. Él tiene que recordar que nosotros somos oposición y él es Gobierno; cada uno hace sus funciones. El Partido Socialista siempre va a estar preocupado del país, siempre estamos con Chile primero, y después vendrán las opciones que tomamos a partir del debate colectivo en el interior del partido. Pero nosotros no somos toros que salen corriendo en cuanto alguien les mueve un trapo rojo. Somos personas con pensamiento crítico, con capacidad de tomar decisiones. Ya cumplimos más de 93 años y vamos camino al centenario. El PS tiene un historial de contribución al engrandecimiento de Chile, y no por una entrevista vamos a saltar al ruedo como toros embravecidos.
— ¿Cree que la declaración del ministro responde a una estrategia del Gobierno de negociar de manera compartimentada para generar fricciones o descuelgues al interior de la oposición?
— El estilo pirquinero del Gobierno creo que ha tocado fondo. Lo que está en juego es el proyecto estrella del Gobierno, que tiene serias fallas estructurales. Tratar de convencernos con una artimaña de que estamos sometidos a otro es un error profundo. A nosotros nos interesa ser contribuyentes a políticas públicas que sean acuerdos nacionales, que den estabilidad, que permitan crecimiento y distribución del ingreso, y que permitan equidad. Este proyecto no va por ese camino. Se propone que hacia 2031 el país recién comience a ver la luz al final del túnel, pero todo este tiempo es caminar por el desierto. Eso es injusto para los chilenos, y sobre todo para los sectores más pobres. Lo que hace el ministro del Interior es un infantilismo político, la verdad, inaceptable.
— Más allá de la “forma” del ministro, lo que en el fondo plantea es que hay dos tipos de oposición distintos: una más dispuesta a los acuerdos, como fue la antigua Concertación, y otra más intransigente, representada por el Frente Amplio y el PC. ¿Hay algo de cierto en eso?
— Son historias distintas. La Concertación partió en 1990 con un país que se nos entregó en condiciones muy difíciles: cinco millones de pobres, 38% de desempleados, una deuda gigantesca y un aislamiento internacional enorme. Lo reconstruimos con una alianza de centroizquierda exitosa. Pero eso ya fue, esa historia ya pasó. Hoy somos oposición y tenemos que construir, a través del diálogo democrático entre nosotros, un relato que le proponga al país en las próximas elecciones una salida que contemple crecimiento, seguridad y un Chile que camine al desarrollo.
— ¿Y cuál es la razón de fondo por la que el Socialismo Democrático, y en particular el PS, no se ha sentado a negociar con el Gobierno esta megareforma?
— Primero, porque tenemos una megarreforma que le provoca déficit al país y que apunta a concentrar aún más el poder económico en los más ricos. Si baja esos cuatro puntos del impuesto corporativo, significa un déficit de 2.400 millones de dólares, más 800 millones por la reintegración, más 1.400 millones en beneficios que no crean empleo sino que reducen lo que se le paga a los chilenos. A eso se suma el daño a los municipios por las modificaciones a las contribuciones.
Entonces, la idea de instalar en Chile estas tres cosas a la vez —reducción de los ingresos del Estado, reducción del gasto del Estado y reducción del Estado— no nos parece. Y encima agrega los decretos. Si usted quiere diálogo democrático, deje de instalar decretos. El Gobierno tendrá que dar señales claras de que quiere entenderse con nosotros en la cancha democrática, y no estar pidiendo diálogo mientras aplica decretos que van terminando con la red de protección social que construimos con esfuerzo. Zanahoria y garrote no funciona: diálogo democrático, sí.
— O sea, una condición para negociar en el Senado sería que el Gobierno paralice los decretos y los recortes.
— Si quiere conversar, va a tener que respetar el Congreso. Tiene que tomar una decisión, y eso permitiría construir acuerdos. Si no, va a ser muy difícil: no se puede seguir decretando la reducción de ingresos a programas necesarios y al mismo tiempo pedir que avalemos todo esto para entregarle más plata a los más ricos del país. A no ser que sea una metáfora, y eso no lo sabemos.
— Usted pone énfasis en el Ejecutivo, pero la oposición tampoco ha estado muy dispuesta al diálogo, basta ver lo que pasó con las más de mil indicaciones. ¿No fue un error esa manera de encarar el debate?
— Pareciera que la estrategia del Gobierno era no alcanzar un acuerdo en la Cámara. Teniendo mayoría, la desperdició. Ahora bien, esas son las facultades que tienen los diputados, y quien preside la comisión tendrá que determinar cuáles son admisibles y cuáles no. Es parte de la función legislativa. Y que no se extrañen de que haya indicaciones: revisemos la historia de quienes hoy son oficialistas y cómo se comportaron frente a proyectos tan importantes como la reforma tributaria del gobierno anterior, o cuánto se dilató la ley de incendios.
— ¿Cree que este ánimo de confrontación podría cambiar en el Senado, que es visto como el espacio de los acuerdos?
— No se puede descartar, pero el Gobierno tiene que ceder: tiene que dejar de gobernar por decreto. Si continúa con los decretos y no retira los que ya ha interpuesto, va a ser muy difícil el diálogo democrático. Tiene que escoger qué camino va. ¿Gobierna por decreto o gobierna dialogando y construyendo acuerdos? Que lo elija.
— ¿Cree que hay apertura del ministro Quiroz para retroceder en esos decretos?
— Él tiene un jefe que se llama José Antonio Kast, que es el presidente de la República. Yo espero que el presidente tome la decisión, porque él manda.
— ¿Y cómo ve la actuación de los ministros Alvarado y García Ruminot, quien fue senador en el periodo pasado? ¿Pueden ser un contrapeso a la forma de conducirse del ministro Quiroz?
— Ambos, el ministro del Interior y el de la Segpres, conocen cómo funciona el Estado y la política. El ministro de Hacienda tiene una estructura gerencial que no es mala, pero en el Estado las cosas son distintas: aquí no se entregan papers que son poco menos que órdenes. Aquí es diálogo democrático, son acuerdos, hay sensibilidades, hay que ceder. Y lo que nosotros entendemos del otro lado es esto: si insistes en tus decretos, me estás cerrando la puerta al diálogo y a los acuerdos.
— Poniéndonos en el caso de que el Gobierno acceda a hacer modificaciones al proyecto, ¿a qué estaría dispuesto a negociar la oposición? ¿Se abren a la baja del impuesto corporativo o la reintegración del sistema tributario?
— Nosotros hace tiempo venimos planteando la posibilidad de rebajas impositivas, pero siempre graduales y con las compensaciones necesarias. Este proyecto lo único que hace es generar déficit al Estado. Eso va a aumentar el déficit estructural y la deuda pública. No estamos para eso. Recibimos un país con un 7,7% del PIB de déficit estructural, y el presidente Boric lo entregó con algo más del 3%. Ahí hay una muestra clara de nuestro compromiso con la responsabilidad fiscal.
Podemos conversar, claro que sí, pero no podemos hipotecar al país durante 25 años con una invariabilidad tributaria —y además para inversiones que probablemente alcanzarían solo a la mediana minería—. Yo soy de la Región del Biobío: allá no hay desarrollo minero ni lo habrá. Era una región industrial. ¿Cómo generamos empleo en zonas agrícolas? ¿Seguimos concentrando todo en cobre, salmones y madera? Ese modelo ya está superado.
— ¿Ha podido plantear estas materias directamente a los ministros o al presidente? ¿Hay alguna reunión agendada antes de que el proyecto entre al Senado?
— Yo espero llegar a esa señal, y si hay una invitación habrá que conversar, pero en los términos que he planteado.
— ¿Cómo ve la discusión sobre la legitimidad del proyecto? Tanto el senador Huenchumilla como otros han señalado que si el proyecto sale con pocos votos, en un próximo mandato podría revertirse. ¿Comparte esa lectura?
— Cuando fue la votación en la Comisión de Hacienda, votaron sólo los parlamentarios de derecha a favor. Es un proyecto de un solo sector de la política y, por lo tanto, no tiene la legitimidad política del Congreso. Tampoco tiene la validación social que entregan las encuestas. Además, el proyecto es categórico: dice que va a generar déficit y que el país podría crecer hacia 2031. No hay certezas de que se vaya a generar empleo, por más que lo hayan repetido insistentemente. No hay certezas.
