Fuentes de inteligencia de Estados Unidos confirmaron a medios internacionales la detención en territorio venezolano de Alex Saab, ex ministro del chavismo y señalado como principal operador financiero y testaferro de Nicolás Maduro. La información fue difundida inicialmente por Caracol Radio, que aseguró haber obtenido la validación de funcionarios estadounidenses sobre el procedimiento.
De acuerdo con estos reportes, Saab —empresario colombo-venezolano— fue arrestado en la madrugada de este miércoles 4 de febrero en un operativo realizado por cuerpos de seguridad venezolanos, en coordinación con autoridades estadounidenses.
La detención del empresario se da pocos días después de su salida al mando del Ministerio de Industrias en Venezuela, la que fue efectuada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Saab ya había sido arrestado bajo una orden estadounidense por lavado de dinero en 2020. A cambio de su salida, el ex líder del régimen chavista Nicolás Maduro liberó a ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela.
En el mismo procedimiento también fue detenido el empresario venezolano Raúl Gorrín, igualmente señalado como testaferro de Maduro y propietario del canal de televisión Globovisión. La cadena colombiana informó tanto Saab como Gorrín permanecen en poder del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) mientras se discute su eventual extradición a Estados Unidos.
Quién es Alex Saab, el testaferro de Maduro
Alex Saab, empresario colombiano del área textil, es acusado de ser testaferro de Maduro. El 18 de octubre de 2021 compareció ante un tribunal de Miami por ocho acusaciones al blanquear varios cientos de millones de dólares, presuntamente provenientes de negocios corruptos con el gobierno venezolano.
Saab está vinculado a varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar alimentos con sobreprecios al Estado venezolano a través del programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Según las acusaciones, habría participado en esquemas de asociación ilícita para lavar dinero, incluyendo un plan que habría desviado cerca de 350 millones de dólares de contratos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales.
