Sin debate público ni anuncio oficial, los talibanes promulgaron un nuevo y radical código penal en Afganistán que redefine el sistema legal del país y consolida un marco normativo que fomenta la violencia doméstica, criminaliza la disidencia, legaliza la esclavitud y despoja a las mujeres de personalidad jurídica.
El 7 de enero, el líder talibán Hibatullah Akhundzada firmó los Principios penales de los tribunales talibanes, un documento compuesto por 119 artículos, tres capítulos y diez secciones. El reglamento no fue difundido oficialmente y solo salió a la luz tras una declaración de la organización afgana de derechos humanos Rawadari, que publicó una copia en pastún y alertó sobre sus implicancias. Posteriormente, la revista MS Magazine citó extractos del texto.
El documento establece la obediencia absoluta al líder supremo como obligación, sancionando la desobediencia con azotes o prisión. También penaliza las críticas a funcionarios, la omisión de denunciar actividades consideradas opositoras e incluso el silencio ante la disidencia. Actos cotidianos, como conversar con una mujer que no sea familiar o cuestionar a la autoridad, pueden ser tipificados como delitos.
La jerarquía social en el nuevo código penal talibán de Afganistán
El código consagra además una jerarquía social explícita. El artículo 9 divide a la población en eruditos religiosos, élites, clase media y “clase baja”, imponiendo castigos progresivamente más severos según el estatus, incluidos castigos corporales.
Un análisis del Instituto de Georgetown para la Mujer, la Paz y la Seguridad advirtió: “Las consecuencias legales se determinan por el estatus social, no por la conducta. Las élites están sujetas a advertencias o citaciones, mientras que los más pobres se enfrentan a prisión, intimidación y castigos corporales. Esta jerarquía codificada institucionaliza la discriminación y garantiza que los más marginados soporten las penas más severas”.
Las mujeres figuran entre las más afectadas. El reglamento autoriza a los esposos a castigarlas mediante violencia discrecional y limita el reconocimiento del abuso doméstico a casos específicos, con penas máximas de 15 días de prisión. “Por el contrario, obligar a los animales a pelear conlleva una pena de prisión más larga que la violencia grave contra las mujeres, lo que refuerza una siniestra jerarquía legal en la que las vidas de las mujeres reciben menos protección que el bienestar animal”, indicó MS.
El artículo 16 permite además al líder aprobar ejecuciones para al menos 11 categorías amplias de personas, bajo criterios vagos que incluyen oposición al régimen o “ofensas morales” indefinidas, ampliando significativamente el poder punitivo del liderazgo talibán.
