Por primera vez en seis décadas, el gobierno de Cuba autorizó la creación de empresas público-privadas, aunque dejó en claro que mantendrá el monopolio estatal en algunos sectores.
La decisión la adoptó el Consejo de Estado en el marco de la crítica situación que vive la isla tras el reforzamiento del bloqueo decretado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la crisis energética surgida luego del cese de envío de petróleo desde Venezuela.
A lo anterior se suman factores como el fracaso de la reforma monetaria que buscaba potenciar el peso cubano y la sostenida baja del turismo.
Cómo funcionarán las empresas público-privadas en Cuba
De acuerdo con lo establecido en el decreto ley 114/2025 del Consejo de Estado de Cuba, que entrará en vigor a inicios de abril, las nuevas empresas público-privadas tendrán plena autonomía empresarial y podrán determinar el número de empleados que trabajarán en ellas, así como sus salarios.
De igual forma, “las asociaciones de entidades empresariales estatales y no estatales” estarán habilitadas para abrir establecimientos comerciales en Cuba y en el extranjero.
Además, dichas empresas podrán trabajar en casi cualquier sector económico, “con excepción de la prestación de servicios de salud y educación o a actividades relacionadas con las instituciones armadas“.
En los últimos años, el sector privado ha ganado terreno dentro de la economía cubana y, de hecho, en 2025 las alrededor de 9.900 empresas privadas del país representaban el 15% del PIB y empleaban a más del 30% de la población activa.
En el mismo lapso, las ventas minoristas del sector privado superaron por primera vez a las del sector público, representando el 55% del comercio total, según reportaron medios internacionales acreditados en la isla.
